El pasado 6 de mayo tuve la oportunidad de asistir al acto «40 años de España en Europa: Una historia de progreso» en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se habló de Europa, de Defensa, de tecnología, de competitividad. Y en concreto uno de los ponentes, el ex-ministro de Asuntos Exteriores español Javier Solana (con quien tuve la oportunidad de charlar unos instantes), recordó la importancia primordial que tendrá la IA y la que el valor añadido europeo reside precisamente en no renunciar a la protección de derechos, el control democrático del poder tecnológico y la exigencia normativa, incluso en tiempos de urgencia geopolítica. Esto evidencia la importancia que ya se está dando desde todos los ámbitos e ideologías a la regulación de la inteligencia artificial.
Desde comienzos de 2026, el tablero global de la IA ha entrado en una fase nueva: con marcos operativos concretos en Estados Unidos, la Unión Europea y China, con la IA convertida ya en un instrumento central de poder estatal. El resultado es un desplazamiento silencioso de posiciones ideológicas: Washington finalmente ha aceptado más control estatal, Bruselas apuesta por la competitividad y Pekín utiliza sin ambages la regulación como arma estratégica, mientras la presión de las Big Tech atraviesa todos estos movimientos.
Estados Unidos: la “One Rule” se vuelve operativa
El giro estadounidense se consolidó en dos tiempos: primero con la orden ejecutiva de diciembre de 2025, “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence”, y después con la publicación, el 24 de marzo de 2026, del Artificial Intelligence Framework que la desarrolla. La lógica de ambos textos es: una única normativa federal que fije un estándar ligero pero uniforme, adelantándose en la medida de lo posible a las normas estatales más ambiciosas en materia de IA.
El Framework de marzo encarga a agencias como la FCC, la FTC y el Departamento de Comercio que diseñen normas de transparencia, etiquetado y reporte de incidentes aplicables en todo el territorio, con vocación de prevalecer sobre leyes estatales que impongan obligaciones adicionales de evaluación de riesgos o mitigación de sesgos a los desarrolladores de modelos frontera. En paralelo, la Casa Blanca reconoce de facto el papel que están jugando estados como California o Nueva York, cuyas leyes de 2025 sobre desarrolladores de modelos avanzados están funcionando ya como estándar de facto mientras se dirimen los límites de la preeminencia federal en los tribunales.
En cuestión de seguridad, los borradores de nuevas órdenes sobre modelos avanzados que se han filtrado desde mayo de 2026 mantienen la tensión entre control y competitividad. Se plantea reforzar el escrutinio previo de los llamados frontier models capaces, como los de la familia Mythos, de encontrar vulnerabilidades en sistemas críticos, pero se evita todavía consagrar un régimen duro de autorización previa: el énfasis está en la cooperación “voluntaria” de los grandes laboratorios y en la revisión técnica canalizada a través de NIST y su Center for Artificial Intelligence Standards and Innovation (CAISI).
CAISI, transformado a partir del antiguo AI Safety Institute, se ha consolidado en 2025‑2026 como el gran polo federal de estándares y evaluación de IA: coordina metodologías de prueba para modelos frontera, colabora con Microsoft, Google DeepMind, xAI y otros, y sirve de base técnica para justificar decisiones regulatorias y de contratación pública. Al mismo tiempo, la GAO ha recomendado a la OMB que trate de forma específica los riesgos de privacidad y filtración de datos en proyectos de IA de la administración federal, empujando a incorporar salvaguardas de protección de datos y gobernanza algorítmica más robustas en los despliegues públicos.
Lo que emerge, en conjunto, es un modelo estadounidense que ya no es el del “todo vale” digital, pero tampoco el de un AI Act a la europea: la prioridad sigue siendo preservar el liderazgo tecnológico y la primacía frente a China, incluso cuando eso implique aceptar más centralización, más estándares federales y más control sobre quién entrena y despliega los modelos más avanzados.
Europa: AI Act en despliegue y competitividad en modo ejecución
Mientras tanto, la Unión Europea ha pasado del diseño del AI Act a su aterrizaje práctico, sin renunciar a la ambición competitiva que cristalizó en el informe Draghi. El Reglamento de IA entró formalmente en vigor en agosto de 2024 y será plenamente aplicable el 2 de agosto de 2026, pero desde abril de 2026 la Comisión ha empezado a precisar y acelerar piezas clave, especialmente en materia de IA generativa.
Las últimas comunicaciones detallan obligaciones reforzadas de transparencia para proveedores de modelos de propósito general: identificabilidad del contenido generado, etiquetado obligatorio de deepfakes y contenidos informativos producidos por IA, y prohibición explícita de sistemas que generen contenidos sexuales no consensuados o herramientas de “nudificación”, anticipando la plena aplicación del Reglamento. En paralelo, se refuerza la cooperación con autoridades nacionales y se avanza en la creación de la futura Junta Europea de IA que deberá coordinar la aplicación del marco en los Estados miembros.
En la dimensión económica, el «informe Draghi», encargado a Mario Draghi y publicado en 2024 ya había señalado la IA y las tecnologías digitales como uno de los tres grandes vectores para recuperar la competitividad europea, junto con la transición climática y la seguridad estratégica. El seguimiento de la Competitiveness Compass, publicado en abril de 2026, muestra un avance todavía incompleto: sólo alrededor de un 15 % de las medidas propuestas se han implementado plenamente y otro 24 % de forma parcial, con progresos sobre todo en instrumentos de financiación, simplificación regulatoria y programas dirigidos a IA e infraestructuras de datos y cómputo.
Además, en marzo de 2026 la Comisión presentó el Industrial Accelerator Act, una propuesta para usar la contratación pública y procedimientos acelerados como palanca de demanda para tecnologías limpias y digitales europeas, con la IA explícitamente identificada como sector estratégico. Este nuevo eslabón se suma a iniciativas como el AI Continent Action Plan, la Apply AI Strategyy los proyectos de “factorías de IA” y “gigafactorías” de datos y cómputo, que responden en buena medida a las demandas de mayor escala y agilidad regulatoria que se escuchan desde la industria y desde los grandes proveedores.
China: soberanía algorítmica y el precedente Manus–Meta
China, por su parte, ha seguido consolidando un modelo de soberanía algorítmica en el que el Estado conserva la llave de datos, modelos, talento y transacciones estratégicas, y desde enero de 2026 ese enfoque ha adquirido una dimensión mucho más visible hacia el exterior. Desde 2023, Pekín ha desplegado un marco denso sobre algoritmos de recomendación, servicios de IA generativa y “deep synthesis”, con requisitos de registro de algoritmos, controles sobre los datos de entrenamiento, obligaciones de moderación de contenidos y responsabilidad reforzada de los proveedores.
El caso más llamativo de 2026 ha sido el bloqueo de la adquisición de la startup de IA Manus por parte de Meta, una operación valorada en unos 2.000 millones de dólares. Tras varios meses de revisión intensificada entre enero y marzo de 2026, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma decidió el 27 de abril vetar la transacción e instar a su reversión, invocando razones de seguridad nacional y las normas sobre control de inversiones extranjeras y transferencia de tecnologías sensibles.
Analistas apuntan a que Manus, especializada en capacidades de IA agentica, habría sido percibida como un activo estratégico en un segmento particularmente sensible por su potencial militar y de ciberseguridad. El mensaje del regulador chino es inequívoco: no se permitirá que determinados bloques de capacidades críticas en IA pasen a estar bajo control de campeones occidentales, y se utilizarán todas las herramientas regulatorias necesarias (desde el control de exportaciones hasta la revisión de inversiones) para evitarlo.
Un tablero que se desplaza, no que se invierte
Si conectamos estos movimientos desde enero y, sobre todo, desde marzo de 2026 con la foto más amplia, lo que emerge no es un cambio ideológico radical, sino un desplazamiento táctico convergente. Estados Unidos sigue defendiendo la primacía del sector privado y la desconfianza hacia la sobrerregulación, pero acepta una “One Rule” federal, un rol reforzado de NIST/CAISI y un cierto grado de pre‑screening de modelos avanzados en nombre de la seguridad nacional. La Unión Europea persiste en su apuesta por la protección de derechos y la regulación de riesgos, pero acelera instrumentos de competitividad y política industrial inspirados en parte por el informe Draghi y por la presión de la industria y de Big Tech para ganar escala.
China no abandona su modelo dirigista, pero lo proyecta cada vez más hacia fuera, como demuestra la decisión sobre Manus–Meta y la creciente utilización de su poder regulatorio para condicionar la estructura global del mercado de IA avanzada. Las tres potencias se mueven hacia una zona gris compartida: más control de los modelos frontera, más centralización de decisiones, más instrumentalización de la IA como vector de poder nacional, aunque sus justificaciones retóricas sigan siendo distintas.
En ese contexto, la pregunta no es sólo quién tendrá los mejores modelos, sino quién conseguirá imponer su combinación de estándares técnicos y reglas jurídicas como lenguaje común de la IA global. Estados Unidos aspira a que su “One Rule” y sus estándares NIST se conviertan en referencia de facto para aliados y socios tecnológicos. La Unión Europea querría que el AI Act y su ecosistema de normas derivadas se consolidaran como el “RGPD de la IA”, exportando garantías y prácticas de gobernanza. China, por su parte, busca que su modelo de control algorítmico, ciber‑soberanía y supervisión estatal marque el tono en buena parte del Sur Global y en aquellos mercados donde su huella digital es dominante.
La geopolítica de la IA en 2026 se parece, efectivamente, a un juego de tronos, pero no de promesas ideológicas puras, sino de equilibrios inestables entre poder tecnológico, presión regulatoria y exigencias democráticas. En ese equilibrio fino se jugará buena parte de la relevancia internacional de cada proyecto político en la próxima década.
