A partir del 4 de mayo, las Fuerzas Armadas activan de nuevo las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), con despliegue en Canarias dentro de un marco que también incluye Ceuta, Melilla y Baleares.
No es un gesto simbólico. Es una respuesta estructural a un entorno que ya ha cambiado.
En los últimos años, el Sahel ha dejado de ser un espacio donde Europa tenía capacidad real de influencia. La sucesión de golpes de Estado en Mali, Burkina Faso y Níger, la retirada de misiones europeas y el deterioro de la cooperación en seguridad han reducido significativamente la capacidad de anticipación en una región clave para la estabilidad del continente.
Este vacío tiene consecuencias directas en Europa.
En paralelo, los servicios de inteligencia europeos llevan años alertando de la persistencia de la amenaza yihadista. No como un fenómeno puntual, sino como una amenaza sostenida, con capacidad de adaptación. Los atentados en Francia, Bélgica, Alemania o Austria en la última década, así como la desarticulación constante de células en distintos países, muestran que el riesgo no ha desaparecido.
Lo que cambia es el contexto.
Menor control en el Sahel implica mayor libertad de movimiento para redes criminales y yihadistas, más dificultad para rastrear flujos y más presión sobre las rutas que conectan directamente con Europa.
España está en primera línea de ese eje.
Canarias, Ceuta y Melilla no son territorios periféricos: son puntos de contacto directo con esa inestabilidad. Espacios donde confluyen rutas migratorias, tráfico ilícito y un entorno de seguridad cada vez más complejo.
Por eso estas operaciones no son excepcionales. Son necesarias.
No responden a una crisis puntual, sino a una realidad sostenida: el deterioro del entorno de seguridad en la frontera sur de Europa.
España tiene un nivel de exposición geopolítica elevado por su posición, su proximidad al Sahel y su papel en las rutas estratégicas.
Y sus ciudadanos deberían entenderlo.
