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72 militares marroquíes en Ceuta: la dimensión de seguridad que el Gobierno parece no ver

Informaciones publicadas en las últimas horas aseguran que informes de Inteligencia del Ejército habrían identificado a 72 efectivos marroquíes en Ceuta, de los cuales 22 pertenecerían presuntamente a los servicios de inteligencia y otros 50 serían militares en activo, se les atribuyen funciones especialmente preocupantes: vigilancia y seguimiento de militares españoles, observación de maniobras, identificación de puntos vulnerables, análisis de la capacidad de reacción española y coordinación con otros grupos sobre el terreno. Los documentos no son públicos y Defensa no ha confirmado estas conclusiones: Margarita Robles asegura que la presencia de esos 72 efectivos «no le consta» y se remite al procedimiento judicial abierto.

Precisamente por eso, Ceuta empieza a parecerse peligrosamente a un laboratorio de amenazas híbridas… en un espacio muy reducido están coincidiendo presión migratoria masiva, movilización a través de redes sociales, posibles actividades de inteligencia, observación de las fuerzas españolas, tensión social y explotación de vulnerabilidades fronterizas.

Y mientras tanto, la situación sobre el terreno demuestra que en Ceuta no solo hay menores. Desde el comienzo de la crisis, la Fiscalía había contabilizado hasta el 31 de agosto 23 agresiones sexuales contra migrantes, nueve de ellas contra menores y cinco calificadas como violaciones. Entre los ocho presuntos autores identificados entonces había cuatro ciudadanos marroquíes, tres españoles y un belga. Es decir, también aquí conviene evitar simplificaciones: hay víctimas y presuntos agresores de diferentes nacionalidades.

Pero los problemas de seguridad no terminan ahí. En septiembre se han registrado reyertas, robos con violencia, amenazas y agresiones con arma blanca. Una sola noche dejó ocho detenidos y dos heridos por arma blanca; al día siguiente, nuevas peleas acabaron con otros dos heridos, uno de ellos apuñalado. La Policía llegó además a detener a un hombre que portaba un machete de grandes dimensiones y una defensa extensible. También fueron detenidos 21 ciudadanos marroquíes por participar en el lanzamiento de piedras contra una patrulla militar y agentes de la Guardia Civil; posteriormente fueron devueltos a Marruecos tras reconocer su participación y aceptar voluntariamente el retorno.

Por eso, centrar el relato público únicamente en la protección de los menores ofrecería una imagen incompleta de lo que está ocurriendo. Protegerlos es una obligación jurídica y moral incuestionable. Pero el Estado tiene otra obligación simultánea: proteger a los ciudadanos de Ceuta, mantener el orden público, identificar a quienes han entrado, perseguir delitos y detectar posibles amenazas contra la seguridad nacional.

De hecho, el propio Gobierno declaró oficialmente en agosto la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, reconociendo que la entrada había provocado una presión inédita sobre el control fronterizo, la identificación, la seguridad, los servicios públicos y la atención humanitaria, y que la respuesta debía combinar esta última con la defensa de la seguridad nacional.

Derechos humanos y seguridad nacional no son conceptos enfrentados. Un Estado serio tiene que garantizar ambos.

Y hay otro factor que debería preocuparnos: Ceuta está siendo observada. Por Marruecos, evidentemente, pero también por socios, aliados y servicios extranjeros que pueden estudiar cómo responde España ante una entrada masiva, cuánto tarda en recuperar el control, cómo despliega sus fuerzas y dónde aparecen sus vulnerabilidades.

Por eso hablar de amenazas híbridas no debería convertirse ni en alarmismo ni en un tabú. La cuestión que merece investigarse es si una crisis migratoria puede estar siendo aprovechada simultáneamente como instrumento de presión, desestabilización, reconocimiento y obtención de inteligencia.

Los ciudadanos tampoco deberían ser tratados como si estuvieran ante un fenómeno completamente inofensivo. Se les puede explicar que existen menores y personas vulnerables que necesitan protección y, al mismo tiempo, reconocer que se han producido delitos graves, enfrentamientos, ataques contra fuerzas españolas y posibles actividades de inteligencia extranjera que están siendo investigadas.

Ceuta no es solamente inmigración.

Es inmigración, derechos humanos, seguridad ciudadana, frontera, contrainteligencia, defensa, presión híbrida y soberanía.

(Imagen creada con IA)

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Alejandra Fernández

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