El 1 de mayo entra finalmente en vigor el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, después de más de 25 años de negociaciones y las reticencias de Francia y Polonia. Esta medida llega en un momento en el que la UE busca diversificar sus relaciones comerciales para enfrentar los aranceles de Trump y la competencia china. A pesar de que hasta 2027 su aplicación no será 100% efectiva, ya que la liberalización será gradual, existe una gran expectación sobre su impacto en el sector primario y en la salud de los consumidores.
Medidas de seguridad alimentaria
Las críticas al acuerdo respecto a las medidas de sanidad no son pocas, sobre todo porque en países de Mercosur se autorizan determinados productos fitosanitarios y se toleran prácticas como el uso de hormonas en ganadería, que están prohibidas en la UE. Por tanto, pueden importarse alimentos producidos bajo normas distintas a las europeas, si bien los controles en frontera se encargan de filtrar aquellos que puedan representar un riesgo para la salud.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en línea con lo proclamado por la Comisión Europea, resalta que “la seguridad alimentaria no es negociable” y que no se han producido modificaciones en la normativa relativa a los requisitos sanitarios como consecuencia del acuerdo. Además, aunque admiten que el uso por parte de países terceros de sustancias no permitidas en la UE puede generar una desventaja competitiva para los productores comunitarios, aseguran que en ningún caso implicaría un riesgo para la salud.
Sin embargo, gobiernos reticentes al acuerdo, como el francés, han tomado sus propias medidas para vetar algunas sustancias, ya que se permite que cada nación prohíba en su territorio productos aprobados por la UE si considera que los riesgos son elevados. Es el caso de ciertos neonicotinoides, actualmente vedados en Francia pero autorizados en el resto de la UE, ya que se permite su entrada siempre que no excedan los topes de insecticidas establecidos. Las trazas son aceptadas en la UE siempre que se mantengan dentro de los Límites Máximos de Residuos (en inglés MRL, Maximum Residue Levels). Estos son establecidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y se aplican en todos los estados miembros. A pesar de que los productos cumplan con los niveles permitidos, surge la pregunta de si realmente hay una dosis segura, sobre todo teniendo en cuenta que los MRL son constantemente modificados.
Otro problema clave es que la regulación analiza cada sustancia por separado, cuando en la práctica la exposición real se produce a una combinación de múltiples pesticidas. Esto puede deberse tanto a la presencia de distintos residuos en un mismo alimento como al consumo diario de varios productos con compuestos tóxicos. En este contexto, los especialistas hablan del “efecto cóctel”, que describe la interacción entre sustancias, y del “riesgo acumulativo”, que considera la suma de exposiciones a lo largo del tiempo. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reconoció en abril de 2026 esta problemática y ha comenzado a desarrollar herramientas para evaluar el riesgo conjunto.
El estudio “Directo a tus hormonas” de Ecologistas en Acción refuerza esta idea: en los alimentos examinados se identificaron restos de hasta 130 tipos distintos de plaguicidas, de los cuales alrededor de 60 no contaban con autorización. Además, en numerosos casos se constató la presencia de varias de estas sustancias en un mismo producto.
El núcleo del problema está en la forma de producir los alimentos, ya que los agricultores europeos deben cumplir normativas más estrictas, lo que eleva sus costes y reduce su competitividad frente a los productores de Mercosur. Una de sus principales demandas es aplicar “cláusulas espejo” para que los productos importados sigan las mismas normas de producción que en Europa.
Medidas de protección para el campo
Más allá del debate sanitario, estas diferencias normativas tienen implicaciones económicas directas. El sector agrario se encuentra profundamente preocupado por un posible contagio de precios (price spillover) tras la entrada en vigor del acuerdo. Esto sucede cuando un cambio en los precios dentro de una parte del mercado, como la entrada de importaciones a menor coste, se extiende al conjunto del mercado y acaba afectando incluso a productos que no compiten directamente ni en las mismas condiciones. Es decir, existe un miedo generalizado por un posible benchmarking, en el que el precio de los importados se convertiría en el importe de referencia. Para proteger al sector, la Comisión Europea cuenta con una serie de garantías, entre las que destacan las cláusulas de salvaguardia, los cupos y el fondo de emergencia.
Las primeras prevén la suspensión de las ventajas arancelarias para un producto cuando las importaciones procedentes de Mercosur aumenten en un 10% o cuando su precio caiga un 10% en comparación con el vigente en un país de la UE. Los cupos ponen topes a la importación de productos sensibles (como carne de vacuno o miel) que pueden entrar con aranceles reducidos, mientras que las importaciones que excedan esos topes quedan sujetas a los aranceles habituales. Por otro lado, el fondo de emergencia, financiado con fondos de la PAC y que aproximadamente cuenta con 450 millones € anuales, promete apoyar a los productores perjudicados por alteraciones en el mercado derivadas de la firma del acuerdo.
A pesar de estas medidas, numerosas organizaciones agrarias, entre las que destacan las nacionales COAG, Unió Llauradora i Ramadera y ASAJA, denuncian que el fondo no ofrece protección automática, sino que es un instrumento que se aplica de forma reactiva, interviniendo únicamente cuando los productores ya han experimentado daños económicos. Además, el fondo es ampliamente criticado porque la producción agrícola total de la UE ronda los 500.000–550.000 millones € anuales, por lo que el importe de 450 millones € tiene una capacidad de intervención muy reducida en proporción. Tampoco compensa pérdidas estructurales, ya que está planteado para crisis puntuales en vez de para cambios permanentes en los precios.
Doble rasero
En definitiva, el acuerdo refleja un problema difícil de resolver: la necesidad de abrir mercados frente a la protección de un sector sometido a regulaciones cada vez más estrictas.
Desde el punto de vista sanitario, las instituciones insisten en que los estándares no se han rebajado. Sin embargo, persisten interrogantes sobre los efectos a largo plazo de la exposición combinada a sustancias tóxicas.
A pesar de todo, resulta hipócrita luchar por la protección sanitaria de los ciudadanos europeos, cuando muchos pesticidas que cuentan con veto europeo siguen siendo exportados a Mercosur. En 2024, datos publicados por Public Eye y Greenpeace Unearthed destacaron que alrededor de 18.000 toneladas de productos fitosanitarios prohibidos en la UE fueron producidos y exportados a naciones de Mercosur.
Nos encontramos, por tanto, ante una política de doble estándar que afecta a la credibilidad de la UE: la seguridad alimentaria se defiende puertas adentro, mientras que fuera se toleran prácticas consideradas inaceptables, pero que se ignoran deliberadamente cuando entran en juego intereses económicos.
