Las comunidades indígenas de Colombia siguen siendo una de las comunidades más vulnerables del país. Mientras el conflicto armado se intensifica y la política de Paz Total se desmorona, el desplazamiento forzoso, las ejecuciones extrajudiciales y el confinamiento no dejan de aumentar, con escasa respuesta por parte del Estado.
En marzo de 2026, la parálisis de las instituciones multilaterales es un hecho. La incapacidad de los Estados para resolver conflictos internos ha trasladado el peso de la política exterior hacia la fuerza militar, dejando los tratados internacionales como documentos sin efecto. Sin embargo, la gobernanza no ha desaparecido, sino que se ha desplazado hacia alianzas ad hoc y actores civiles que operan al margen de los foros tradicionales. La estabilidad actual no depende ya de la diplomacia formal, sino de la capacidad para conectar estos nuevos centros de influencia antes de que la fragmentación se vuelva irreversible.
Los sistemas alimentarios agroindustriales se presentan cada vez más bajo el lenguaje de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Sin embargo, este marco discursivo convive con un modelo de producción que continúa generando degradación ambiental, impactos en la salud y vulneraciones de derechos humanos a escala global. Este artículo sostiene que el principal límite de las actuales estrategias de sostenibilidad no reside en la falta de información o concienciación, sino en la ausencia de mecanismos jurídicos efectivos que vinculen el daño ambiental con responsabilidades exigibles-
