Pocos recuerdan que, durante casi una década, el exjuez español Baltasar Garzón fue una pieza central en la defensa internacional de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.
Su voz se convirtió en una de las más firmes al denunciar la dimensión política del caso… hasta que España apareció de lleno en un escándalo de espionaje dentro de la Embajada de Ecuador en Londres.
Ahí entró en escena UC Global, la empresa de seguridad española investigada por instalar cámaras y micrófonos en la embajada para grabar no solo a Assange, sino también sus reuniones confidenciales con abogados, incluido Garzón.
La Audiencia Nacional abrió diligencias que situaron a España en el centro de un caso de espionaje con ramificaciones internacionales.
Un episodio que combina geopolítica, filtraciones globales, inteligencia y una pregunta incómoda:
¿Cuánto poder real tiene la transparencia cuando choca con el Estado?
En un mundo multipolar y digitalizado, merece la pena preguntarse:
¿Estamos subestimando el papel que España puede desempeñar en disputas globales donde convergen derecho, tecnología y soberanía?
