¿Qué ocurriría si China tuviera que transformar su economía civil en una economía de guerra? Pekín acaba de revisar su Ley de Movilización de la Defensa Nacional, aprobada el 28 de agosto y que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026. La norma busca facilitar una transición rápida entre tiempos de paz y guerra y coordinar recursos civiles, económicos y sociales con las necesidades de defensa. Incluye desde reservas estratégicas y movilización de personal hasta prevención y respuesta frente a daños derivados de un conflicto.
El alcance va mucho más allá de las Fuerzas Armadas. La legislación contempla la participación de sectores como transporte, telecomunicaciones, sanidad, alimentación, construcción, energía e infraestructuras, y permite, una vez decretada la movilización y bajo determinadas condiciones, requisar recursos civiles. La nueva redacción menciona expresamente instalaciones, equipos, locales e incluso medios de transporte pertenecientes a organizaciones o particulares —lo que puede incluir vehículos civiles—, estableciendo procedimientos de devolución o compensación.
China está reforzando así un modelo de movilización nacional en el que la preparación para un conflicto no descansa únicamente sobre el Ejército Popular de Liberación: también se prepara la capacidad del conjunto del Estado y de la sociedad para sostenerlo. La ley establece obligaciones de preparación para organismos públicos, empresas, organizaciones y ciudadanos y conecta además la movilización militar con los mecanismos civiles de respuesta ante emergencias. La guerra contemporánea ya no moviliza únicamente soldados: moviliza carreteras, fábricas, hospitales, comunicaciones, tecnología, vehículos y población. Y China está legislando para tener esa capacidad preparada antes de necesitarla.
Fuente oficial: Ley de Movilización de la Defensa Nacional de la República Popular China
