Anthropic demanda al Departamento de Defensa de EE.UU. por etiquetarla como “riesgo para la cadena de suministro”. Lo que parece una disputa contractual es en realidad, la primera gran batalla legal sobre quién decide los límites éticos de la inteligencia artificial en la guerra.
Que una empresa tecnológica estadounidense acabe en la misma lista negra que suele reservarse a proveedores vinculados a adversarios extranjeros ya es, de por sí, bastante llamativo. Pero cuando esa empresa es Anthropic, cuya IA era hasta hace semanas la única autorizada en las redes clasificadas del Pentágono, la historia deja de ser un mero litigio comercial.
El 9 de marzo de 2026, Anthropic presentó dos demandas federales contra la administración Trump: una ante el tribunal de distrito del norte de California y otra ante el tribunal de apelaciones de Washington D.C. El detonante fue la decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de designar a la compañía como “riesgo para la cadena de suministro”, una categoría que obliga a todos los contratistas del Pentágono a certificar que no utilizan los modelos de Anthropic en su trabajo con Defensa, a lo que se le suma la orden de Trump dirigida a todas las agencias federales de cesar de forma inmediata el uso de la tecnología de Anthropic. Hegseth, al anunciar la lista negra, criticó lo que llamó la “ideología de Silicon Valley” de Anthropic, su “altruismo defectuoso” y su falta de “patriotismo”. El problema para el Pentágono es que esas declaraciones pueden volverse en su contra ante un juez, ya que si la designación se justifica por motivos de seguridad nacional, ¿por qué Hegseth habla de falta de patriotismo y de ideología?
Por su parte, Anthropic alega en su demanda que la designación viola la Primera Enmienda: libertad de expresión, y excede la autoridad que el Congreso otorga bajo la ley de riesgos de cadena de suministro. La compañía sostiene que el Gobierno la está castigando por sus posiciones públicas sobre seguridad de la IA.
La historia sobre cómo se llegó a este punto es más corta de lo que parece. En julio de 2025, Anthropic firmó un contrato de 200 millones de dólares (CNBC, 2026) con el Departamento de Defensa. Todo iba bien hasta que llegó la renegociación y las dos líneas rojas de Anthropic: que su IA no se usase para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses ni para armas autónomas letales sin supervisión humana. Sin embargo, el Pentágono quería acceso sin restricciones para “todo uso legal”. Las negociaciones colapsaron el 27 de febrero, y lo que vino después fue una escalada que nadie del sector esperaba.
Aún así, según múltiples informes, el propio Pentágono ha seguido utilizando la IA de Anthropic en operaciones militares relacionadas con el conflicto actual en Irán o para la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, incluso después de declarar a la empresa un riesgo de seguridad nacional. Eso pone en evidencia la dependencia del ejército respecto a una tecnología que dice no necesitar, pero también expone a Anthropic ya que su IA ya se estaba utilizando en operaciones con objetivos letales dentro del marco contractual previo. Esto difumina la línea entre lo que la empresa dice que su tecnología no debería hacer y lo que en la práctica ya estaba haciendo.
La primera audiencia judicial está prevista para el 24 de marzo, pero más allá del fallo, lo que se dirime aquí es una pregunta que va a definir la próxima década: ¿puede un gobierno democrático forzar a una empresa privada a retirar los límites éticos de su propia tecnología? o por el otro lado, ¿puede una empresa privada dictar al ejército de un país democrático cómo puede y cómo no puede usar una herramienta en medio de un conflicto armado? La respuesta importa mucho más allá de Washington, porque el precedente que siente este caso será leído con lupa en Pekín, Bruselas, donde el AI Act está apunto de entrar en acción este agosto, y cualquier capital donde se esté intentando regular la IA.
