Hay una pregunta incómoda que pocos profesionales del derecho se hacen: ¿sigo siendo útil?
No me refiero a si conocemos las normas. Eso se presupone. Me refiero a si realmente entendemos lo que ocurre al otro lado de la mesa del despacho. Porque al otro lado hay empresas que operan sobre infraestructuras de datos, que automatizan decisiones con inteligencia artificial, que contratan en tres jurisdicciones distintas antes del mediodía y que gestionan riesgos de ciberseguridad como quien antes gestionaba riesgos laborales. Y puede que esa empresa se dedique a fabricar papel, chocolates o tuercas.
Y frente a eso, una parte significativa de la profesión sigue funcionando como si el mundo digital fuera un apéndice del mundo real. No lo es. Ya no.
Existe un desajuste estructural entre la velocidad a la que evoluciona el entorno tecnológico y la capacidad del sistema jurídico para acompañarlo. No hablo solo de regulación —que también—, sino de mentalidad. De método. De lenguaje.
He vivido ese desajuste desde dentro. En firmas internacionales, dirigiendo equipos especializados o trabajando como experto independiente para el sector público. En cada contexto, la conclusión era la misma: el cliente tecnológico necesita un asesor no ya que piense como él, sino que detecte necesidades y entienda procesos que hasta ignora el propio cliente.
Esa convicción es la que está detrás de Cabet Abogados. No nació como un despacho que luego se digitalizó. Se concibió desde el primer día como una estructura en red, internacional por diseño, con alianzas operativas permanentes —Jeremias Legal en Alemania, TME Legal en Dubái— y una filosofía: el derecho tecnológico no es una práctica vertical, es una forma transversal de ejercer la abogacía.
Esto implica entender qué es una arquitectura de microservicios antes de opinar sobre responsabilidad contractual en un proyecto SaaS. Implica saber cómo funciona un modelo de lenguaje antes de asesorar sobre su gobernanza. Implica hablar con ingenieros, con equipos de producto, con responsables de compliance, sin necesidad de intérprete, sabiendo programar.
Algo que confirmo cada curso en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Carlos III: los estudiantes de derecho que llegan hoy no conciben la privacidad separada de la inteligencia artificial, ni la contratación separada de lo digital, ni la gobernanza separada de la tecnología. Para ellos, todo forma parte del mismo sistema; hacen bien.
No son ingenieros. Son juristas que han crecido en un entorno donde la tecnología no es contexto: es sustrato.
El derecho, cuando se ejerce bien en este ámbito, se convierte en algo más ambicioso: una herramienta de competitividad. Un mecanismo para habilitar innovación de forma responsable y los abogados y abogadas debemos siempre pensar en favorecer la competitividad, en favorecer a nuestro principal cliente, que es el negocio.
Los abogados tenemos que aprender a programar, a entender una lógica algorítmica. La pregunta ya no es si la tecnología afecta al derecho, la pregunta es si el derecho está a la altura de la tecnología y para ello los operadores debemos estar a la altura de la visión de negocio de nuestros clientes.
