28 de julio de 2026. En los días previos a la crisis de Ceuta circulaban por redes sociales diferentes mensajes, carteles y convocatorias relacionados con la situación en la frontera. Una de esas comunicaciones llegó hasta el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el organismo encargado de proporcionar al Gobierno información e inteligencia para prevenir riesgos y amenazas contra España.
A las 17:07 del 28 de julio, en una conversación por WhatsApp posteriormente hecha pública, el CNI remitió al Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta uno de aquellos carteles, correspondiente a la convocatoria «CEUTA ALZA LA VOZ», prevista para el 2 de agosto. El mensaje comenzaba: «Imagino q habrás visto esto». Y la razón por la que se trasladaba resulta especialmente significativa: «a efectos de sus posibles consecuencias sobre el orden público».
¿Y qué implica hablar de orden público? No significa simplemente que una convocatoria pueda generar tráfico o molestias. En el ámbito de la seguridad pública se refiere a la preservación de las condiciones que permiten el normal funcionamiento de la convivencia y de las instituciones, y puede involucrar la prevención de alteraciones graves, violencia, disturbios o situaciones que comprometan la seguridad colectiva.
Y aquello ocurría antes de la crisis del 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos. De hecho, el día 29 las advertencias se hicieron todavía más explícitas: el CNI comunicó que en redes había un llamamiento para un «asalto por valla y mar» y señaló que los grupos implicados alcanzaban unos 180.000 seguidores. La Policía Nacional, además, manejaba información sobre la organización de «entradas masivas» destinadas a provocar «el mayor colapso posible».
Por tanto, los documentos permiten afirmar algo importante: antes del 30 de julio existían señales institucionales de riesgo y estas estaban llegando a los organismos competentes…
(imagen creada con IA)
