Iniciada en el 2011, en pleno auge de la Primavera Árabe, la guerra en Siria es, a día de hoy, uno de los conflictos más complejos y polifacéticos que existen. Lejos de ser un conflicto armado interno, ha evolucionado hasta convertirse en un proceso de profunda fragmentación estatal, lo que ha llevado al país a transformarse en un epicentro regional de economías ilegales. Lo que en su momento comenzó como una ola de revueltas sociales pacíficas ahora es un símbolo de devastación humanitaria y una demostración de la consolidación del crimen como parte del ecosistema y su impacto más allá de las fronteras nacionales.
La contienda ha evidenciado una de las formas de transición política más peligrosas en todos los niveles posibles: el paso de un régimen autoritario centralizado a un Estado colapsado con múltiples núcleos de poder ilegítimos. El gobierno de Bashar al-Ásad fue perdiendo el control sobre amplias zonas del país de forma continua, lo que llevó a las instituciones a debilitarse de forma irrefrenable y eventualmente a la erosión de la autoridad central. A raíz de este gran vacío institucional, diversos grupos armados comenzaron a emerger y a tomar posesión de grandes partes del país asumiendo funciones de gobierno local y controlando de manera total los recursos estratégicos del territorio. La violencia, pues, se alejó de ser solamente política y se ha consolidado como una herramienta de poder económico y coerción social.
Al denominar esta violencia como “herramienta de poder económico”, se hace alusión directa a la constitución de una economía de guerra estructural en el país sirio. La inestabilidad del territorio no solo se ha visto prolongada en el tiempo por diversos motivos. En primer lugar, el dominio de infraestructuras, rutas comerciales y los principales bienes ha logrado generar incentivos suficientes para que los diversos actores involucrados encuentren especialmente atractiva la prolongación de la guerra. En segundo lugar, la mera naturaleza de estos actores armados ya implica que el conflicto vaya a ser duradero, pues el crimen organizado se caracteriza por ataques y presión constantes así como la perpetración de gran cantidad de prácticas ilícitas. Aquí destaca el tráfico de Captagon, una droga psicoestimulante creada a partir de la combinación de anfetamina y teofilina. La producción de esta droga, también llamada fenetilina, adquirió escala industrial y logró integrarse en redes comerciales híbridas donde confluyen actores armados con estructuras locales.
Una de las dimensiones más alarmantes de este conflicto es la gravedad de sus repercusiones a nivel regional. Países vecinos se han visto profundamente afectados por el colapso del Estado sirio y la fragmentación del poder político. Jordania, sin ir más lejos, lleva enfrentando desde hace años una presión (en constante aumento) en sus fronteras nacionales a causa del narcotráfico procedente de Siria cuyo principal destino son los mercados del Golfo; esto ha llevado al gobierno jordano a extremar el control fronterizo e incluso a militarizarlo. Del mismo modo, Turquía, otro país que comparte fronteras con el país sirio, se ha convertido en un punto de tránsito para el tráfico de armas, drogas y personas procedentes de Siria. Pese a las múltiples medidas adoptadas por las autoridades turcas, las redes criminales se caracterizan por su flexibilidad y adaptabilidad al operar, lo que les permite reorganizarse rápidamente.
Las interacciones entre los grupos armados, actores paraestatales y redes criminales han propiciado la aparición de las determinadas “zonas grises” de gobernanza, pues es en estas donde la línea que separa lo legal de lo ilegal se difumina. El carácter híbrido de estas estructuras se forja a partir del control territorial, violencia y actos coercitivos y rentabilidad económica. En otras palabras, mientras la contienda siga siendo beneficiosa para ciertos actores, la estabilización del Estado sirio será compleja.
El caso de Siria, por lo tanto, es una ilustración clara de una realidad estratégica mucho más amplia de lo esperado en un principio: el colapso de un Estado no causa un vacío neutral en el territorio, sino un espacio fructífero para la proliferación del crimen organizado transnacional. La posibilidad de alcanzar estabilidad regional en un futuro dependerá de algo más que acuerdos políticos; se necesitará un fortalecimiento de las capacidades de la región a la hora de desmantelar las estructuras económicas que favorecen la existencia de grupos criminales.
El rol de la comunidad internacional permanece en la incógnita. Si las estrategias de cooperación han resultado ser de escasa utilidad, cabe preguntarse una cuestión tan incómoda como inevitable: ¿Puede la diplomacia proporcionar una salida sostenible al conflicto o la estabilización del territorio acabará dependiendo de negociaciones indirectas con las redes de crimen organizado?
