Hace exactamente 40 años que España, bajo el gobierno del socialista Felipe González, entró en la Comunidad Económica Europea, tras años de negociaciones comenzadas por Adolfo Suárez. Durante el franquismo, la nación estuvo relativamente aislada de las instituciones europeas. Las Comunidades Europeas exigían sistemas democráticos, así que la adhesión sólo fue posible después de la transición iniciada tras la muerte de Franco en 1975.
Entrar en Europa se convirtió en una prioridad estratégica, ya que la inclusión conllevaba una consolidación de la democracia y un fuerte impulso económico. Sin embargo, muchos miembros se mostraban reticentes a incluir a España, dado que la aceptación de un país menos desarrollado y con un enorme sector agrícola alteraba muchos equilibrios internos. Respecto al sector primario, países como Francia e Italia temían que España les robase cuota de mercado y que en sus territorios empezasen a entrar importaciones españolas más baratas. La pesca fue otro punto de fricción, con Reino Unido y Dinamarca pendientes de que las flotas españolas no accedieran masivamente a sus caladeros. Respecto a la industria, entrar en el mercado común implicó abrirse a empresas europeas mucho más eficientes. La Comunidad Europea exigió una “reconversión industrial” (reducción de subvenciones, cierres de empresas inviables…) que conllevó un aumento del paro industrial y numerosas huelgas durante los 80.
A pesar de todo, tras un largo proceso de negociación y grandes cambios implementados en España, se produjo la adhesión, que tantos beneficios ha reportado. Este mes se han celebrado numerosos eventos para conmemorar los 40 años de entrada de España en las Comunidades Europeas, como “Balance de 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea y retos de la Europa de hoy” en el Círculo de Bellas Artes, o “40 años de España en Europa: Una historia de progreso” en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras escuchar a ponentes como Javier Solana, José María Albares, Francisco Aldecoa o Teresa Ribera exponer los principales logros de la integración, me gustaría aportar mi visión sobre este proceso, basándome en el informe de ESADE: “40 años de España en la UE. 40 indicadores y una historia de progreso”.
Es innegable que, en términos económicos, podemos apreciar el significativo aumento que han experimentado el PIB per cápita, el número de empresas extranjeras en España, la inversión extranjera directa y las exportaciones. El primer indicador ha pasado, según datos de la Comisión Europea, de situarse en 15.200 € por habitante en 1986 a 27.800 € en 2024. Tras la adhesión, numerosas multinacionales eligieron ubicarse en España por su mano de obra barata, la infraestructura en expansión gracias a los fondos europeos y su posición geográfica, lo cual ha conllevado que actualmente contemos con más de 18.000 filiales de empresas extranjeras en nuestro territorio y una cifra aproximada de IED de 30.764 millones € en 2025.
En términos sociales, el informe destaca el aumento en la esperanza de vida, ya que España es el país de la UE con mayor longevidad. Es evidente que la relación entre la entrada en Europa y esta mejora existe, pero es indirecta y compleja: la integración contribuyó a crear condiciones económicas, sanitarias e institucionales que favorecieron el aumento de la esperanza de vida, pero gran parte de la mejora también responde a tendencias internas. Entre 1970 y 1986, España ya había ganado entre 4-5 años de esperanza de vida, según datos del Banco Mundial, que muestran que la tendencia ascendente no comenzó con la adhesión europea. La dieta mediterránea, el clima templado, la menor mortalidad cardiovascular y un sistema sanitario en expansión fueron elementos clave. Además, algunos países de la UE son más ricos que España pero tienen menor esperanza de vida, caso de Alemania. Esto demuestra que la riqueza ayuda, pero no explica todo. Sin la adhesión, España habría seguido aumentando su esperanza de vida, pero posiblemente más lentamente y con menos recursos.
Algo similar sucede si analizamos los hitos relacionados con avances feministas. Muchos programas europeos financiaron formación femenina, empleo y políticas sociales de inclusión, sobre todo el Fondo Social Europeo. La integración obligó a España a seguir una serie de estándares sociales y políticas de igualdad, pero la propia existencia de desigualdad dentro de la UE demuestra que pertenecer a la UE no garantiza automáticamente la igualdad de género. Por ejemplo, Hungría o Polonia mantienen modelos más conservadores en lo social, e Italia tuvo durante décadas una participación laboral femenina muy inferior a la media europea.
Como persona de firmes convicciones europeístas, pero que no deja de ser una mujer recién licenciada preocupada por la precariedad laboral de los jóvenes, me ha llamado especialmente la atención el indicador 15 del informe, “La tasa de paro se ha reducido a la mitad”. Cierto es que la integración en la UE supuso una transformación del mercado laboral, destacando la cifra de que en 2025 la tasa fue de un 9,9%. Sin embargo, considero que ese dato no refleja el problema estructural del paro juvenil, que afecta a la gran mayoría de países europeos, situándose en torno al 15% según Eurostat. España, en concreto, presentó un 25,3% a finales del año pasado, a causa de la elevada temporalidad, la dependencia del sector servicios, la dificultad del acceso al primer empleo y el menor peso de la formación dual en comparación con otros países, como Austria.
El indicador 33, ”España, 2º destino mundial”, muestra cómo el espacio Schengen eliminó barreras y fricciones administrativas que hicieron que muchos europeos sintieran que viajar a España era tan fácil como viajar dentro de sus propias fronteras. Los fondos europeos ayudaron a mejorar la accesibilidad y la red de transporte, la adopción del euro simplificó el consumo e hizo que el riesgo cambiario no existiera, y la estabilidad institucional y protección jurídica atrajeron a múltiples cadenas hoteleras. La UE no creó el turismo español, pero lo consolidó a una dimensión mayor.
Destacable también el indicador 29, que intenta presentar la red de alta velocidad de España como un éxito de integración europea y modernización. Compara los 0 km de AVE en 1986 frente a los casi 4.000 km en 2025, convirtiendo a España en el país con la mayor red de alta velocidad de Europa, a pesar de contar con tramos de tráfico bajo y elevados costes de mantenimiento, que plantean si toda la expansión ferroviaria fue racional a nivel económico. Se construyó una de las redes ferroviarias más extensas del mundo, financiada en parte con fondos europeos y técnicamente muy avanzada, pero diversos economistas llevan tiempo debatiendo sobre si se sobredimensionó la red AVE. Además, destacar este hito solo unos meses después del accidente de Adamuz refuerza la idea de que, a pesar de invertir en la expansión de la red, no se debe dejar de lado la seguridad y gestión operativa, debate que sigue abierto desde el accidente de Santiago de Compostela en 2013.
El informe presenta apartados claramente atribuibles a la entrada en la UE: participación en el programa Erasmus, recepción de fondos como los FEDER o Next Generation para destinarlos a infraestructuras, eliminación de barreras regulatorias y aranceles, adopción del euro y expansión exportadora. Además, actualmente más del 60% del comercio español sigue ligado al mercado europeo. Sin embargo, considero necesario dar crédito al papel de la gestión interna española para la mejora de indicadores. El documento tiene el objetivo de presentar la integración europea como motor central del progreso español y eso hace que correlación y causalidad a veces se entremezclen. La UE no explica todo el crecimiento español, pero sí creó un marco que aceleró la modernización, aumentó la inversión y facilitó la integración global ya que, sin la adhesión europea, España probablemente habría convergido mucho más lentamente.
