Entendemos como países del Mediterráneo meridional, o socios meridionales, a aquellos países del norte de África y Oriente Medio que comparten una relación de vecindad fronteriza a través del Mar Mediterráneo con la UE.
Teniendo como antecedente el Proceso de Barcelona de 1995, el cual sentó las bases para una asociación euro-mediterránea, las relaciones entre la UE y sus vecinos meridionales están articuladas principalmente entorno a la llamada Política Europea de Vecindad (PEV) y la Unión por el Mediterráneo (UpM). Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Palestina y Túnez, son los 10 Estados que, a través de acuerdos bilaterales entre cada uno de ellos y la UE en un marco de cooperación regional, forman parte de la PEV. La PEV no es exclusiva de los vecinos meridionales, sino que va destinada a todos aquellos vecinos fronterizos por tierra o mar. La PEV se aplica a los países mencionados en el texto además de: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, y Ucrania.
Desde su creación en el 2004, la PEV ha sido revisada hasta en dos ocasiones debido a los distintos fenómenos sociopolíticos ocurridos en la orilla sur del Mediterráneo. La primera revisión, en 2011, fue una respuesta a las “Primaveras Árabes”, una ola de revueltas antiautoritarias que se extendieron por el norte de África y Oriente Medio. Esta revisión reajustó la atención de las políticas de vecindad hacia el fomento de la democracia y las libertades civiles, el desarrollo económico integrador, y la lucha contra la corrupción. La segunda, en 2015, funcionó como reacción a la crisis migratoria producida por la caída de varios regímenes y estallido de guerras civiles como resultado de las primaveras árabes. En esta ocasión, se establecieron tres nuevas prioridades conjuntas: el desarrollo económico para la estabilización, la seguridad, y la migración.
La migración como eje temático no es una novedad de la revisión de 2015 ya que siempre ha formado parte de la agenda política de todos los Estados europeos en mayor o menor medida. Europa occidental fue una importante emisora de migrantes hasta mediados del siglo XX, cuando comenzaron los procesos de descolonización. Más tarde, a partir de los años 90 la perspectiva migratoria sufrió una inversión de roles en la que los Estados europeos ya no tenían un papel emisor, sino receptor. A esto le siguieron políticas de rechazo y fortificación de fronteras, las cuales fueron una consecuencia directa del proceso de integración europeo y la creación del espacio Schengen. La dificultad para hallar un equilibrio entre la libre circulación interna de la UE y el control migratorio externo, unida a las diferentes crisis que han impactado a Europa en las últimas décadas, han construido una tendencia europea hacia la securitización y condicionalidad en sus políticas migratorias.
En el año 2021 la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo pidió la elaboración de un estudio que analizase el enfoque migratorio de la UE en el Mediterráneo. Las conclusiones de dicho estudio detallaban como la relación entre la UE y sus vecinos meridionales está basada en una estrategia de externalización por la cual, con el fin de mantener la migración fuera de sus fronteras, la UE traslada parte de la gestión y responsabilidad a países terceros. A pesar de lo que se explicaba anteriormente sobre cómo la PEV y la UpM se presentan como marcos de cooperación y estabilidad, en la practica la UE los utiliza como instrumentos de externalización y condicionalidad. Los países del sur del Mediterráneo aceptan controlar fronteras, interceptar migrantes o readmitir personas deportadas, a cambio de ventajas comerciales o fondos como el EU Trust Fund for Africa, dispositivo concebido dentro de la PEV.
Estas dinámicas se deben a lo que se define como “migration power” o poder migratorio, y se ha convertido en un elemento fundamental para entender las relaciones entre las dos orillas del Mediterráneo. Según Fernández-Molina y Tsourapas, autores del articulo “Understanding migration power in International studies”, la UE ejerce este poder migratorio por medio de cuatro formas: El poder coercitivo trata de cambiar la conducta de un actor por medio de amenazas o recompensas, como en el acuerdo UE-Turquía de 2016, donde la UE ofreció 6.000 millones de euros a cambio de que Turquía bloqueara el paso de refugiados hacia Grecia y aceptara readmisiones. El poder institucional, por otra parte, se ve perfectamente ejemplificado con la PEV y la UpM. Según el Parlamento Europeo, estos marcos establecen estructuras de cooperación formal donde la UE define las prioridades, mientras que los países meridionales las integran bajo condiciones fijadas por la misma UE, lo que institucionaliza así una jerarquía directa. El poder estructural, como explican Fernández-Molina y Tsourapas, se puede ejercer definiendo quién puede emigrar legalmente y quién no, o al restringir visados y acuerdos de movilidad. Por último, el poder productivo, el cual se ejerce a través del lenguaje, presenta una narrativa que comprende la migración como una crisis o amenaza para la UE y sus Estados Miembros con el objetivo de justificar el endurecimiento de las políticas.
Habiendo expuesto los anteriores hechos y argumentos, se puede establecer que la relación entre la UE y los países del Mediterráneo meridional en materia migratoria se define por la asimetría y la interdependencia. La UE usa la migración como instrumento de control y poder estructural, integrándola en su política exterior a través de la PEV, la UpM y acuerdos bilaterales. Mientras, por su parte, los países meridionales aceptan estas condiciones con el fin de obtener financiación, legitimidad o beneficios políticos.
Por otra parte, si se trata de analizar la eficacia de la política europea desde el marco teórico del migration power, se observa que esta depende del tipo de poder que se ejerza. Las políticas coercitivas pueden ser eficaces a corto plazo, pero si se mantienen en el tiempo crean dependencia y tensión. Aunque las estructuras de cooperación, como la PEV, consolidan el control europeo sobre la agenda migratoria, no resuelven las causas de la migración, por lo que la migración no se erradica, sino que se contiene. Por último, el discurso europeo sobre “la crisis migratoria” mientras legitima políticas restrictivas, refuerza la concepción de inmigración como amenaza a la vez que reduce el margen de acción humanitaria. Como se puede observar las políticas migratorias actuales son eficaces en un corto plazo, pero siempre presenta una contrapartida.
Las deficiencias y contradicciones de la gestión de los flujos migratorios por parte de la UE también han puesto en duda su legitimidad ética. Mientras que Libia, Turquía, o Israel son denunciados por violar los derechos humanos, estos continúan siendo socios de la UE. Del mismo modo, pese a que libia es considerado un país “no seguro” la UE ha colaborado con su guardia costera dado lugar a intercepciones y devoluciones ilegales. La Falta de rendición de cuentas no solo limita la supervisión democrática de las políticas, sino que también convierte a la UE en socio indirecto de los abusos cometidos por sus socios.
De este modo, se puede concluir que las políticas europeas en la gestión de los flujos migratorios respecto a la región del Mediterráneo meridional son adecuadas solo si se conciben en el corto plazo, y desde una perspectiva coercitiva y de externalización. Sin embargo, son ineficaces a largo plazo al no abordar las causas estructurales de la migración, además de promover directa o indirectamente actividades éticamente cuestionables o incompatibles con lo que se presenta como los “valores europeos”.
