Mientras en Europa el debate sobre la compatibilidad entre la sharía y nuestros sistemas democráticos sigue siendo minimizado por muchos, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, musulmán, ha defendido públicamente que la sharía no será la ley de su país y ha criticado que jóvenes burkineses viajen a Arabia Saudí para estudiar derecho islámico en lugar de formarse en profesiones que impulsen el desarrollo nacional.
No deja de ser llamativo que este mensaje proceda de un dirigente musulmán. Si desde un país africano de mayoría musulmana se considera necesario marcar una línea clara entre la legislación del Estado y la ley religiosa, quizá en Europa también deberíamos prestar más atención a este debate en lugar de darlo por inexistente.
Es cierto que ningún país de la Unión Europea aplica la sharía como legislación estatal. Sin embargo, sí existen consejos islámicos y mecanismos de arbitraje religioso en algunos países, especialmente en el Reino Unido, y se han producido manifestaciones en ciudades como Hamburgo reclamando una mayor presencia de la sharía. Ignorar estos hechos no ayuda a comprender un debate que ya existe. Escuchar también a quienes, desde el propio mundo musulmán, defienden la primacía de la ley civil puede aportar una perspectiva que a menudo pasa desapercibida.
