La guerra en Irán, extendida de pleno al Líbano y a casi todo Oriente Próximo, ha convertido el estrecho de Ormuz en el epicentro de una crisis abiertamente geoeconómica: el tránsito de crudo se ha bloqueado, los costes de transporte se han disparado y el petróleo vuelve a cotizar por encima de los 100 dólares, no solo porque los operadores teman un conflicto, sino porque el cierre de Ormuz ha reducido los flujos que salen del Golfo. La Unión Europea, que no inició esta guerra ni fue consultada antes de los ataques estadounidenses e israelíes, se descubre atrapada en una posición incómoda: paga la factura de la energía cara, refuerza la vigilancia de sus mercados y rutas, pero carece de capacidad real para influir en las decisiones militares que han cerrado, de facto, uno de los principales chokepoints (puntos de estrangulamiento) del sistema energético global.
Mientras Washington pasa de la grandilocuencia sobre su autosuficiencia a pedir ayuda a los aliados, la discusión en Europa debería ir en otra dirección: negarse a sostener una escalada que no ha decidido y centrar su acción en tres frentes propiamente geoeconómicos. Primero, acelerar rutas alternativas y diversificación de suministros —desde el Mar del Norte hasta África occidental y el Mediterráneo— sabiendo que ninguna sustituye completamente a Ormuz, pero todas juntas pueden reducir la exposición estructural, especialmente si se acompaña de un impulso serio a la transición energética que la propia Comisión presenta ya como respuesta a esta “segunda crisis energética”. Por lo tanto debemos preguntarnos; quién paga y quién gana: hoy las navieras y aseguradoras cargan con seguros de guerra y escoltas carísimas que se trasladan a las facturas europeas, mientras productores no afectados por Ormuz —muy en particular Estados Unidos—, traders de materias primas y contratistas de defensa registran beneficios extraordinarios gracias a la volatilidad y a la subida sostenida de precios.
Asimismo, este episodio podría servir como palanca para algo que la UE lleva años proclamando pero apenas concretando: una verdadera autonomía estratégica en clave de seguridad económica, capaz de resistir tanto las presiones de Irán como las tentaciones de Washington de convertir a Europa en cliente cautivo de su gas y su petróleo. En julio de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, y el presidente estadounidense Donald Trump anunciaron un acuerdo comercial que incluye una cláusula energética extraordinaria: la UE se compromete a comprar alrededor de 250.000 millones de dólares anuales en energía estadounidense —fundamentalmente petróleo y gas, pero también combustible nuclear— durante tres años, hasta sumar unos 750.000 millones. Diversos análisis han señalado que esa cifra es casi imposible de alcanzar con la capacidad actual de exportación de EEUU, pero el mensaje político es inequívoco: en nombre de la seguridad energética y para evitar aranceles punitivos, Europa acepta el riesgo de convertirse en mercado cautivo de la energía norteamericana, lejos de tener esa autonomía estratégica que tanto desea.
Eso implicaría, entre otras cosas, explorar vías de protección de los ciudadanos europeos que hoy son tabú —desde fórmulas de coordinación para amortiguar el impacto de los precios hasta opciones de mediación y reapertura de rutas que no pasen simplemente por aceptar las condiciones de quien utiliza la guerra para consolidar hechos consumados, como en Zaporiyia— y asumir que la verdadera línea roja europea no debería estar en alinearse con cada bombardeo aliado, sino en negarse a normalizar un modelo en el que unos pocos deciden, otros especulan y millones de hogares europeos pagan la cuenta.
La Unión Europea se mueve en una encrucijada incómoda entre sus intereses estratégicos —contener los precios de la energía y proteger a sus ciudadanos— y un posicionamiento moral y normativo frente a Rusia que le lleva a descartar, al menos por ahora, utilizar infraestructuras controladas por Moscú para aliviar la factura. Al otro lado del Atlántico, en cambio, Washington practica un realismo geoeconómico mucho más descarnado, capaz de combinar el discurso sobre la defensa de Ucrania con acuerdos comerciales y energéticos que aseguran a Estados Unidos un lugar privilegiado como proveedor de la Europa en crisis.
BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, asesora desde hace años al Gobierno ucraniano en el diseño del futuro fondo de reconstrucción, con la misión de estructurar la gobernanza y atraer capital privado hacia proyectos rentables en un plan que se cifra en cientos de miles de millones. Es decir, Washington puede sostener el relato de apoyo incondicional a Kiev y, al mismo tiempo, preparar el terreno para que grandes fondos y empresas estadounidenses ocupen posiciones privilegiadas en la “economía de posguerra”, mientras los socios europeos asumen buena parte del coste energético y presupuestario del conflicto.
La paradoja es que, en nombre de la defensa de principios, la UE se niega incluso a debatir opciones de suministro que podrían aliviar la factura de hogares y empresas, a la vez que acepta sin demasiada discusión un papel subordinado en los grandes dispositivos financieros y energéticos diseñados alrededor de Ucrania y de la crisis en Ormuz. El resultado es una asimetría cada vez más visible: Estados Unidos combina discurso normativo y cálculo geoeconómico; Rusia explota su control de territorios e infraestructuras como moneda de cambio; fondos globales anticipan la próxima ola de beneficios; y la Unión Europea, atrapada entre su aversión a la “realpolitik” y su dependencia de decisiones ajenas, llega siempre tarde, reaccionando a shocks que otros han convertido ya en oportunidad.
Desde esta perspectiva, insistir en que la UE “no tiene alternativa” a seguir pagando energía cara mientras defiende principios abstractos es también una forma de despolitizar el problema. La cuestión central no es solo técnica —qué molécula llega por qué gasoducto o qué barco consigue escolta—, sino profundamente política: qué modelo de inserción europea en el orden geoeconómico acepta Bruselas y hasta qué punto está dispuesta a asumir costes sociales presentes a cambio de mantener coherencia normativa y alineamiento estratégico con Washington. A falta de una reflexión honesta sobre estos términos de intercambio, la guerra en Irán y el cierre de Ormuz corren el riesgo de convertirse en otro episodio más de una larga serie: crisis que revelan la fragilidad energética europea, oportunidades de negocio para otros y una ciudadanía a la que se pide sacrificio sin ofrecerle, a cambio, una estrategia propia.
El cierre de Ormuz no afecta a todos por igual. Mientras los flujos de crudo y gas del Golfo se hunden y los precios vuelan, los grandes productores no atrapados por el chokepoint —Estados Unidos, buena parte del Atlántico, algunos exportadores del Golfo con rutas alternativas— exportan volúmenes similares a los de antes, pero a precios mucho más altos. No pueden sustituir la pérdida de millones de barriles diarios que salían por Ormuz, pero sí cosechan una renta extraordinaria por cada barril y cada metro cúbico de gas, sin asumir el riesgo físico de navegar por el estrecho bloqueado. En el caso de Estados Unidos, el dividendo es doble: consolida su papel como primer suministrador de gas a Europa, que ya importa de allí alrededor de una cuarta parte de su consumo y se encamina a depender de Washington para casi la mitad de sus compras de aquí a final de la década, al tiempo que se presenta como garante de la seguridad marítima en el Golfo ofreciendo seguros políticos y protección armada a los cargueros.
No hace falta abrazar la tesis de una “guerra por el petróleo” planificada al milímetro para ver la lógica perversa de estos incentivos. Quien decide bombardear sabe que está jugando con la llave de uno de los principales corredores energéticos del planeta y que el cierre de Ormuz desencadenará un shock que pagarán terceros; quien no depende de ese corredor pero sí produce mucho petróleo y gas puede permitirse un grado de riesgo mayor, porque cualquier interrupción de los flujos ajenos se traducirá en más demanda, más dependencia y mejores precios para sus propios barriles. Así, la misma operación que paraliza el estrecho permite a algunos presentarse como salvadores que “acuden al rescate” del mercado con cargamentos adicionales, cuando en realidad están cobrando un peaje histórico por hacerlo.
Si algo releva la crisis es que la asimetría entre la guerra militar que libran Estados Unidos e Israel y la guerra económica que puede ejercer Irán empieza en el mapa. Teherán controla toda la orilla norte del Golfo Pérsico y se sienta literalmente a la puerta del sistema: el estrecho de Ormuz, un corredor de apenas unas decenas de kilómetros por el que en 2025 pasaron de media unos 20 millones de barriles diarios de crudo y derivados, aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima. Irán no solo puede amenazar el cuello de botella que conecta el Golfo con el resto del planeta; dispone también de nodos propios, como la isla de Kharg, por donde sale alrededor del 90% de sus exportaciones de crudo y que concentra buena parte de la infraestructura de bombeo y carga hacia los mercados asiáticos. Con alternativas muy limitadas para desviar esos volúmenes —sobre todo en el caso del gas natural licuado de Qatar y Emiratos— cualquier interrupción prolongada del tráfico por Ormuz no es un simple susto financiero, sino un shock estructural para la seguridad energética global.
Además, Ormuz no canaliza solo petróleo y gas. Por sus aguas sale también una parte crítica del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y de insumos vinculados a la industria de los chips, lo que multiplica la capacidad de Irán para convertir su posición geográfica en palanca geoeconómica. En torno a una cuarta parte del nitrógeno que se mueve en el mercado internacional y un volumen muy significativo de urea producida en el Golfo transitan por este corredor, de modo que el bloqueo actual ya está disparando los precios de los fertilizantes y amenaza con trasladarse a los alimentos básicos en la segunda mitad de 2026. Algo parecido ocurre con el helio y otros gases industriales que alimentan la fabricación de semiconductores y productos farmacéuticos: si el estrangulamiento del Golfo se prolonga, el impacto no se limitará a la factura de la gasolina, sino que podrá sentirse en fábricas de chips y hasta en cadenas de suministro de medicamentos tan cotidianos como el paracetamol.
