Organismos europeos como Europol y las autoridades españolas llevan años alertando de que el islamismo radical continúa siendo una de las principales amenazas para la seguridad en Europa. La radicalización ya no se produce únicamente en espacios físicos: Internet y las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de captación, especialmente entre menores y jóvenes.
Al mismo tiempo, las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen desde hace años planes específicos contra las bandas latinas violentas en la Comunidad de Madrid. Las operaciones policiales contra grupos como los Trinitarios o los Dominican Don’t Play responden a delitos como homicidios, agresiones, robos con violencia, tráfico de drogas y el uso de armas blancas.
Esta realidad la conocen especialmente quienes trabajan sobre el terreno: Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, educadores sociales, trabajadores sociales y profesionales de entidades de protección de menores. Son ellos quienes conviven cada día con procesos de radicalización, captación de menores y violencia organizada que rara vez llegan al debate público.
Hablar de estos problemas no implica señalar a comunidades enteras. Significa diferenciar entre la inmensa mayoría de personas que respetan la ley y quienes promueven el extremismo violento o forman parte de organizaciones criminales. Ignorar estas amenazas no las hará desaparecer. España se enfrenta a una amenaza doble: la radicalización islamista que ya está desestabilizando a otros países europeos y la expansión de bandas latinas violentas que aquí tienen un peso propio. Si no se actúa ahora, dentro de unos años no estaremos hablando de prevención, sino de cómo recuperar la seguridad y la convivencia perdidas.
