Hablar de cooperación internacional ocupa hoy un lugar incómodo pero imprescindible al mismo tiempo. Salva vidas, sostiene comunidades y protege derechos en contextos de emergencia. Pero también enfrenta, y cada vez con más frecuencia, una clara crítica: ¿estamos transformando las causas de la desigualdad o únicamente estamos gestionando sus consecuencias?
En muchos contextos, vemos cómo la cooperación funciona como un mecanismo de contención. Responde cuando la crisis estalla, pero es rara avis que intervenga sobre las infraestructuras que la provocan. Proyectos cortos para problemas crónicos, financiación condicionada, indicadores rápidos y poca capacidad de decisión local son síntomas de un modelo que alivia, pero no cambia.
Este enfoque (más reactivo que transformador, si se me permite) corre el riesgo de normalizar un desenlace inaceptable como es la dependencia de ayuda externa para acceder a derechos humanos que sufren millones de personas.
Frente a este paradigma, una cooperación transformadora implica redistribuir poder, y no solo recursos. Apostar por procesos a largo plazo, fortalecer liderazgo local y trabajar desde un enfoque de derechos humanos, no de caridad. Transformar supone también coherencia política. No podemos hablar de desarrollo mientras se mantienen políticas comerciales, migratorias o climáticas que reproducen sistemáticamente desigualdades.
Hemos de entender que la cooperación internacional no es y no debe ser neutral. Es una herramienta política que puede servir para sostener un sistema injusto o para cuestionarlo. La pregunta clave no es si necesitamos o no cooperación, sino qué tipo de cooperación estamos dispuestos a defender.
Porque el verdadero objetivo no debería ser que la cooperación internacional funcione mejor, sino que algún día deje de ser necesaria.
