Cada 6 de febrero el mundo recuerda que más de 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sido sometidas a mutilación genital femenina (MGF). Según la OMS, solo en 2026 más de 4, 5 millones de niñas corren el riesgo de sufrirla. Se repiten cifras, declaraciones institucionales y compromisos internacionales. Sin embargo, la práctica continúa. Y esa persistencia debería obligarnos a preguntarnos qué estamos haciendo mal en este campo.
La MGF no es un problema cultural aislado ni una costumbre ajena a la modernidad. Es una violación grave a los derechos humanos que se sostiene gracias a estructuras de desigualdad, silencio institucional y falta de coherencia política. Mientras sigamos abordando esta práctica únicamente como un «problema cultural» , seguiremos fallando en su erradicación.
Claro que la comunidad internacional condena activamente la MGF de forma unánime, y claro que existen marcos normativos, resoluciones, campañas y programas específicos para combatirla. Pero la realidad es que el compromiso suele quedarse en el plano discursivo. La erradicación real exige inversión sostenida, trabajo comunitario a largo plazo, protección efectiva de niñas en riesgo y políticas de asilo sensibles al género.
No basta con prohibir. Hay que garantizar alternativas reales, educación, protección y autonomía económica. Sin todos estos factores, las leyes se convierten en papel mojado.
Ahora bien, es de vital importancia que entendamos que la MGF no ocurre solo en «otros países» (esto daría para otro artículo). Esta práctica está presente en contextos migratorios, en comunidades que viven en Europa y en España. Sí, en España. Esta realidad obliga a los Estados receptores a asumir responsabilidades claras en áreas como la detección temprana, la formación de profesionales, la protección de menores y el acceso a justicia para supervivientes.
Mirar hacia otro lado en nombre del respeto cultural no es sensibilidad intercultural, es más bien un abandono institucional.
Erradicar la MGF es una decisión política
La mutilación genital femenina persiste porque afecta a quienes históricamente han tenido menos voz: niñas, mujeres y comunidades empobrecidas. Combatirla implica cuestionar desigualdades de género, acceso a la educación, sistemas de protección y coherencia entre discurso y práctica en cooperación internacional.
El día de hoy debería ser un recordatorio incómodo de que la tolerancia cero no se demuestra con declaraciones, sino con decisiones políticas sostenidas.
Porque la mutilación genital femenina no es una tradición. Es una vulneración de derechos que el sistema internacional aún no ha sabido erradicar.
