La reciente decisión de la administración de Donald Trump de revocar el denominado “dictamen de peligrosidad” (endangerment finding) constituye uno de los movimientos más significativos de la política climática estadounidense en décadas. Aunque presentada como una medida orientada a reducir costes regulatorios y favorecer la competitividad industrial, la decisión tiene implicaciones mucho más profundas. No se trata únicamente de flexibilizar normas ambientales, sino de cuestionar la base científica y jurídica que ha sustentado la regulación climática en Estados Unidos desde finales de la década de 2000. En este sentido, la revocación del dictamen representa un punto de inflexión: el paso de un Estado que regula a partir del consenso científico a uno que redefine ese consenso como objeto de disputa política.
El origen del dictamen: ciencia como fundamento del derecho
El dictamen de peligrosidad fue emitido en 2009 durante la administración de Barack Obama por la Environmental Protection Agency (EPA). Este documento establecía formalmente que los gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono y el metano, representan una amenaza para la salud pública y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Su importancia no radicaba únicamente en su contenido científico, sino en sus consecuencias jurídicas: al reconocer la peligrosidad de estas emisiones, la EPA quedaba habilitada para regularlas bajo la legislación ambiental existente, especialmente la Clean Air Act.
Desde entonces, el dictamen se convirtió en el pilar de la arquitectura regulatoria climática estadounidense. Permitió establecer estándares de eficiencia energética, límites de emisiones para vehículos y centrales energéticas, así como políticas orientadas a la transición energética. En términos institucionales, consolidó un modelo de Estado regulador en el que el conocimiento científico actuaba como fundamento de la intervención pública. Sin ese reconocimiento formal de la peligrosidad de los gases de efecto invernadero, la capacidad del Estado federal para regular el cambio climático se ve profundamente debilitada. Por ello, la revocación del dictamen no puede interpretarse como un simple ajuste técnico: supone desmantelar la base legal que ha permitido la acción climática federal durante más de una década.
Revocar la ciencia: política y epistemología del cambio climático
A diferencia de otras políticas de desregulación ambiental, que se limitan a relajar estándares o retrasar objetivos, la revocación del dictamen cuestiona la premisa científica que justifica la regulación. Al eliminar el reconocimiento oficial de que los gases de efecto invernadero son peligrosos para la salud pública, la administración redefine qué se considera un problema susceptible de intervención estatal.
Este movimiento puede interpretarse como un intento de “revocar la ciencia” en el ámbito de la política pública. No se trata de refutar el consenso científico mediante nueva evidencia, sino de deslegitimar su autoridad como base normativa. La ciencia deja de funcionar como fundamento neutral de la acción estatal y se convierte en objeto de disputa ideológica. En este contexto, el conocimiento científico sobre el cambio climático pasa a ser reinterpretado a través de marcos económicos y políticos que priorizan la competitividad industrial y la reducción de costes regulatorios.
La politización de la ciencia climática refleja tensiones más amplias en las democracias contemporáneas. El paradigma tecnocrático, que sostiene que las políticas públicas deben basarse en evidencia y expertise técnico, se ve cuestionado por enfoques que privilegian la soberanía política y las demandas económicas inmediatas. La revocación del dictamen de peligrosidad ilustra esta transformación: la autoridad del conocimiento científico se subordina a la decisión política, y el consenso científico se convierte en un campo de confrontación ideológica.
Desmantelar la base legal del Estado regulador
Más allá de su dimensión epistemológica, la medida tiene profundas implicaciones jurídicas. Al eliminar el fundamento que permitía regular las emisiones de gases de efecto invernadero, la administración estadounidense debilita la capacidad del Estado federal para intervenir en materia climática. Este proceso puede describirse como una estrategia de gobernanza por desmantelamiento: en lugar de reformar o sustituir políticas existentes, se eliminan los pilares legales que las sostienen, dificultando su reconstrucción futura.
Las consecuencias de esta estrategia son múltiples. En primer lugar, la revocación abre un periodo de intensa litigación judicial. Estados federados, organizaciones ambientales y actores de la sociedad civil previsiblemente impugnarán la medida en tribunales, generando incertidumbre regulatoria. En segundo lugar, incluso si futuras administraciones intentaran restablecer la regulación climática, tendrían que reconstruir la base legal desde cero, un proceso largo y políticamente costoso. De este modo, la decisión no solo afecta al presente, sino que condiciona las posibilidades de acción futura.
Desde una perspectiva estructural, la medida refleja una redefinición del papel del Estado. El modelo del Estado regulador, que desde la década de 1970 había sustentado la política ambiental estadounidense, cede espacio a un enfoque en el que la intervención pública se percibe como obstáculo para el crecimiento económico. La desregulación se presenta como instrumento de competitividad y reducción de costes para consumidores e industria, consolidando una concepción neoliberal del gobierno en la que la protección ambiental deja de ser prioridad central.
Reconfiguración del consenso climático
La revocación del dictamen de peligrosidad adquiere mayor relevancia si se sitúa en el contexto de la gobernanza climática global. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha consolidado un consenso creciente en torno a la reducción de emisiones, la aceleración de la transición energética y el fortalecimiento de la cooperación multilateral frente a la crisis climática, articulado en torno a marcos como el Acuerdo de París. Sin embargo, mientras la agenda internacional avanza hacia una mayor institucionalización del consenso científico y el refuerzo de políticas de mitigación, adaptación y financiación climática, la decisión estadounidense apunta en dirección opuesta.
Al debilitar su marco regulatorio interno y cuestionar la base científica de la acción climática, Estados Unidos se distancia de las dinámicas predominantes en la gobernanza global, introduciendo una disonancia estructural entre un régimen climático internacional en expansión y una política doméstica orientada a la desregulación y al abaratamiento energético. Esta divergencia no es únicamente normativa, sino también geopolítica: mientras otras potencias conciben la transición energética como motor de innovación y competitividad, la reorientación estadounidense puede intensificar tensiones económicas y comerciales en sectores estratégicos como la energía, la automoción y la industria pesada.
Al mismo tiempo, la distancia respecto al consenso climático abre espacio para que otros actores, en particular la Unión Europea y China, asuman un papel más central en la gobernanza climática global, planteando interrogantes sobre la viabilidad de una acción coordinada en un sistema internacional cada vez más fragmentado.
Conclusión: ciencia, poder y futuro de la regulación climática
En última instancia, la cuestión central que plantea esta decisión no es únicamente cuánto debe regular el Estado las emisiones de gases de efecto invernadero, sino si reconoce siquiera el cambio climático como un problema público que requiere intervención. La revocación del dictamen sugiere un desplazamiento hacia una política en la que la ciencia deja de ser fundamento de la acción estatal para convertirse en objeto de disputa ideológica. En este escenario, el futuro de la gobernanza climática dependerá no solo de avances tecnológicos o acuerdos multilaterales, sino de la capacidad de las sociedades para sostener el vínculo entre conocimiento científico y decisión política.
