Introducción: La IA como campo de batalla geopolítico
El Informe Preliminar del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA de la ONU, presentado oficialmente en Nueva York el 1 de julio de 2026, no es un estudio técnico más: es el borrador de un nuevo mapa de poder en la gobernanza de la inteligencia artificial. Formado por 40 expertos independientes de todas las regiones de la ONU, el Panel ofrece la primera evaluación científica global sobre capacidades, riesgos y oportunidades de la IA en un momento en que la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para comprenderla y regularla.
Este informe llega estratégicamente días antes de la primera sesión del Global Dialogue on AI Governance, que se celebrará en Ginebra los días 6 y 7 de julio de 2026, concebido como la mesa redonda universal donde todos los Estados (no solo las potencias tecnológicas), podrán negociar las reglas del juego de la IA.
I. IA agéntica: del riesgo técnico al activo estratégico
El Panel alerta de los peligros de la IA agéntica. La complejidad de las tareas que estos sistemas pueden ejecutar se duplica cada cuatro a siete meses, mientras los marcos de gobernanza avanzan a ritmo burocrático. Esa asimetría entre capacidades y controles no es solo un problema de seguridad tecnológica; es una fuente de poder desigual entre Estados, grandes plataformas y el resto del ecosistema .
El informe subraya que estos sistemas pasarán de automatizar tareas aisladas a orquestar procesos completos, integrados en infraestructuras críticas, mercados financieros, ciberseguridad o cadenas logísticas.
Desde una perspectiva geopolítica, la IA agéntica se convierte en un activo estratégico comparable a la energía o a las infraestructuras de comunicaciones: quien controle los agentes más avanzados, sus datos y la capacidad para auditarlos, dispondrá de una ventaja decisiva en términos de inteligencia económica, defensa, influencia informativa y productividad.
1.1. Autonomía, responsabilidad y poder
Los desafíos jurídicos clásicos sobre responsabilidad como ¿quién responde cuando un agente de IA causa un daño? se cruzan ahora con preguntas de poder: ¿en qué jurisdicción se ubica de facto la “soberanía” sobre esos sistemas y sus efectos globales?
El Panel advierte de que ya existen indicios de conductas engañosas en sistemas avanzados y de que la ciencia no puede garantizar que, a medida que crezcan las capacidades, la IA no pueda causar daños catastróficos de manera autónoma o a través de usos maliciosos. Esto reabre debates sobre responsabilidad internacional, debido cuidado y estándares mínimos de seguridad que, previsiblemente, entrarán de lleno en la agenda de Ginebra.
1.2. Ciberseguridad y asimetrías de capacidad
Los agentes de IA serán, a la vez, herramientas de defensa y vectores de ataque. El informe subraya el riesgo de que se utilicen para automatizar campañas de intrusión, desinformación, sabotaje en infraestructuras críticas o explotación de vulnerabilidades a gran escala. En un escenario así, los Estados con capacidades avanzadas de auditoría, red teaming y control de modelos estarán mejor posicionados para defender sus sistemas y proyectar poder cibernético.
El Panel identifica un problema adicional: la mayoría de países no tienen capacidad técnica para evaluar los sistemas de IA que importan o que sus ciudadanos utilizan, lo que les obliga a depender de estándares, certificaciones y herramientas generadas por un puñado de potencias y corporaciones. Es una forma de dependencia tecnológica que se traslada directamente a la esfera regulatoria y que amenazará con reproducirse en la arquitectura global de la IA si el Global Dialogue no aborda seriamente la brecha de capacidades.
1.3. Mercado de trabajo e influencia normativa
En el terreno laboral, la IA agéntica amplifica la automatización de tareas cognitivas, reconfigurando cadenas de valor y capacidad de negociación de trabajadores y Estados. Las jurisdicciones capaces de convertir el impacto de la IA en políticas activas de empleo, reciclaje profesional y protección social robusta ganarán legitimidad política frente a modelos de “destrucción creativa” sin red.
En paralelo, estas políticas servirán de referencia para otros Estados: del mismo modo que el “Brussels Effect” ha proyectado normas europeas de privacidad y ahora de IA, podríamos ver un “Geneva Effect” si de la ONU salen principios mínimos globales que condicionen la contratación pública, la financiación internacional o los acuerdos comerciales.
II. El AI Act de la UE: de marco regional a palanca geopolítica
El AI Act europeo se ha consolidado como el marco regulatorio más avanzado para la IA, no solo por su enfoque basado en riesgos, sino por su ambición de articular una narrativa propia sobre qué significa una IA “confiable”. Aunque es una norma regional, llega a Ginebra como referencia inevitable, en un contexto en el que la UE aspira a mantener su papel de potencia normativa frente al modelo más securitario de Estados Unidos y al enfoque fuertemente intervencionista de China.
2.1. Riesgo, alta criticidad e IA agéntica
El AI Act clasifica los sistemas de IA en riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo, y exige a los de alto riesgo sistemas de gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica exhaustiva, supervisión humana y ciberseguridad reforzada. La mayoría de aplicaciones de IA agéntica que interactúen con infraestructuras, servicios esenciales, procesos electorales, justicia o mercado laboral caerán —en la práctica— en esta categoría.
Esto significa que, si una empresa quiere operar con agentes de IA en la UE, deberá someterlos a una disciplina de evaluación continua, registro, explicabilidad y supervisión humana que no existe aún como obligación en muchas otras jurisdicciones. Esa asimetría se convierte en argumento tanto a favor de la seguridad como en contra de la competitividad, y será parte del debate en la ONU cuando se analice si es viable definir mínimos globales de seguridad para sistemas avanzados.
2.2. “Brussels Effect” y riesgo de fragmentación
El llamado “Brussels Effect” —por el cual las grandes empresas adaptan sus productos globales al estándar más exigente para evitar fragmentación— es visible en privacidad con el RGPD y comienza a observarse con el AI Act. Si los grandes desarrolladores ajustan sus procesos de documentación, evaluación de riesgos y gobernanza de datos al modelo europeo, es probable que estos elementos se filtren a otros mercados mediante cláusulas contractuales, certificaciones y prácticas de auditoría.
Sin embargo, el informe de la ONU advierte de que la gobernanza de la IA sigue siendo fragmentada, con múltiples iniciativas nacionales, sectoriales y privadas que no dialogan bien entre sí. La gran cuestión en Ginebra será si el Global Dialogue puede articular un mínimo denominador común entre el enfoque normativo de Bruselas, las guías técnicas de NIST, la regulación nacional china y las prioridades de un Sur Global que reclama acceso a capacidades y soberanía de datos.
III. Derechos humanos e integridad informativa: el nuevo frente de la seguridad internacional
El Panel dedica una parte sustancial de su informe a los impactos de la IA en derechos humanos, información y democracia, alertando de que la integridad de la esfera informativa se ha convertido en un vector crítico de riesgo sistémico. La combinación de IA generativa, agentes autónomos y plataformas globales puede erosionar la noción de realidad compartida, socavando la confianza en instituciones, medios y procesos electorales.
En 2024, la Asamblea General ya había adoptado una resolución específica sobre el uso de la IA en el ámbito militar, subrayando la necesidad de mantener el control humano significativo sobre el uso de la fuerza y de proteger la integridad de la información en contextos de conflicto. El informe actual conecta esas preocupaciones con la proliferación de deepfakes, microsegmentación política y campañas automatizadas de desinformación apoyadas en IA.
3.1. Privacidad, discriminación y autonomía
La gobernanza de la IA no puede desligarse del marco de derechos humanos: privacidad, protección de datos, no discriminación, libertad de expresión, derecho a la información y participación política están directamente afectados por el despliegue masivo de sistemas de IA. Los principios de minimización, anonimización y seudonimización dejan de ser “técnicas de cumplimiento” para convertirse en herramientas de equilibrio de poder entre individuos, Estados y plataformas.
El Panel insiste en la necesidad de preservar la autonomía individual frente a sistemas de recomendación y perfilaría que pueden inferir atributos sensibles, manipular comportamientos y explotar vulnerabilidades cognitivas, especialmente en menores. Esta preocupación enlaza con el AI Act y con marcos como las Directrices de la OCDE o la Recomendación de la UNESCO sobre la ética de la IA, que la ONU utilizará como referencias en las discusiones de Ginebra.
3.2. Deepfakes, democracia y responsabilidad penal
La capacidad de generar contenidos sintéticos hiperrealistas plantea desafíos directos para el derecho penal, el derecho electoral y la responsabilidad de plataformas y desarrolladores. El Panel sugiere que la IA podría facilitar delitos de difamación, fraude, suplantación de identidad o manipulación electoral a una escala y con una apariencia de veracidad inéditas.
En la práctica, esto reabre debates sobre tipificación de nuevas conductas, deberes reforzados de diligencia para plataformas, marcas de agua o metadatos obligatorios para contenidos generados por IA y mecanismos de atribución de origen. El AI Act ya introduce obligaciones de transparencia para contenidos sintéticos, pero el reto será cómo traducir estos requerimientos a un lenguaje común aceptable para sistemas jurídicos muy diversos en el marco de la ONU.
IV. De la resolución A/RES/79/325 a Ginebra: arquitectura institucional en construcción
El Panel Científico y el Global Dialogue on AI Governance no surgen de la nada. La Asamblea General aprobó en agosto de 2025 la resolución A/RES/79/325, que crea ambos mecanismos como parte del seguimiento del Global Digital Compact incluido en el Pacto para el Futuro. España y Costa Rica desempeñaron un papel clave de cofacilitación en esa negociación, consolidando a la diplomacia iberoamericana como actor relevante en la agenda de gobernanza de la IA.
El mandato es claro: el Panel debe producir evaluaciones científicas independientes, basadas en evidencia, sobre oportunidades, riesgos e impactos de la IA, que se presentarán anualmente al Global Dialogue y a la Asamblea General; el Global Dialogue, por su parte, debe servir como plataforma inclusiva para que Estados y otros actores discutan principios, prioridades y mecanismos de cooperación.
4.1. El Panel Científico: ciencia al servicio de la política, sin sustituirla
El Panel no es un regulador. Su función es reducir la brecha entre la velocidad de la innovación y el ritmo de la regulación, actuando como “sistema de alerta temprana” sobre amenazas como la desinformación, los sesgos algorítmicos o las armas autónomas, y ofreciendo a los gobiernos un punto de partida común para el debate.
El informe preliminar estructura su análisis en siete dominios —desde avances científicos y aplicaciones socioeconómicas hasta seguridad, medio ambiente, derechos humanos y gobernanza— y lanza una advertencia central: “las salvaguardas actuales no pueden seguir el ritmo del crecimiento de las capacidades de la IA”. Esa frase será, de facto, la línea de apertura del debate en Ginebra.
4.2. El Global Dialogue en Ginebra: primera prueba de estrés
La primera sesión del Global Dialogue se celebrará en Ginebra los días 6 y 7 de julio de 2026 y contará con participación de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil. Coincidirá en tiempo y espacio con el Foro WSIS 2026 y con la cumbre AI for Good del UIT, lo que convertirá la ciudad en la mayor concentración de actividad multilateral sobre IA hasta la fecha.
En este contexto, el informe preliminar se presentará como documento de referencia, pensado para proporcionar una base científica común a unas negociaciones que ya no son solo técnicas, sino claramente geopolíticas: rivalidad entre grandes potencias, reivindicación del Sur Global, presión de las grandes tecnológicas y búsqueda de un equilibrio entre seguridad, competitividad y derechos.
V. Ginebra como espejo del nuevo orden digital
La semana de gobernanza de la IA en Ginebra funcionará como laboratorio del nuevo orden digital. La gran pregunta no será únicamente “qué hacer con la IA”, sino “quién decide qué es aceptable hacer con la IA y según qué valores”.
Es razonable anticipar varias líneas de tensión: Entre una visión centrada en seguridad nacional y control de modelos frontera, impulsada por algunas potencias, y otra que prioriza el uso de la IA para desarrollo y reducción de desigualdades, defendida por muchos países del Sur Global.
El éxito o fracaso del Global Dialogue se medirá por su capacidad para traducir esa evidencia en principios compartidos, hojas de ruta y, eventualmente, en instrumentos jurídicos más robustos.
VI. El papel estratégico del jurista legaltech en este tablero
En el plano interno, su rol es diseñar arquitecturas de cumplimiento que anticipen el aterrizaje de estándares globales sobre IA agéntica, auditoría, transparencia y supervisión humana, integrando las exigencias del AI Act, las recomendaciones del Panel y los futuros acuerdos que puedan salir de Ginebra. En la práctica, esto implica pasar de un compliance reactivo a uno estructural, donde la gobernanza de la IA se trate como un componente del modelo de negocio, no como una capa añadida al final.
6.1. Anticipar el “mínimo global”
Las organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones tendrán que asumir que, tras Ginebra, emergerán formas de “mínimo global de gobernanza” de la IA: principios sobre seguridad de modelos avanzados, transparencia en sistemas de alto impacto, protección reforzada de menores, requisitos para contenidos sintéticos o criterios de evaluación de riesgos sistémicos.
El jurista legaltech debe leer el informe de la ONU no solo como diagnóstico, sino como preámbulo técnico de esos futuros mínimos, identificando qué elementos del AI Act y de otros marcos (RGPD, normas de ciberseguridad, estándares ISO) son exportables y cuáles requerirán adaptaciones para encajar en un mosaico internacional más amplio.
6.2. Conectar compliance y diplomacia corporativa
La gobernanza de la IA se está negociando en salas donde se sientan diplomáticos, grandes tecnológicas, organizaciones de la sociedad civil y expertos. Cada vez será más frecuente que consorcios empresariales, alianzas público‑privadas o asociaciones sectoriales lleven propuestas a la mesa de la ONU. El jurista legaltech senior tiene una posición privilegiada para:
Contribuir a la formulación de posiciones de sector que sean jurídicamente sólidas, tecnológicamente realistas y éticamente defensibles.
Traducir los compromisos internacionales (voluntarios o vinculantes) en políticas internas, cláusulas contractuales y mecanismos de auditoría verificables.
Asegurar que la narrativa de la empresa ante reguladores y opinión pública es coherente con los principios de derechos humanos, protección de datos y responsabilidad que empiezan a consolidarse en el ámbito multilateral.
Conclusión: El informe como primer borrador de un pacto global sobre la IA
El Informe Preliminar del Panel Científico de la ONU llega en el momento exacto: cuando la IA agéntica acelera, la evidencia científica va por detrás y la geopolítica ha descubierto que la gobernanza de la IA es una pieza central del nuevo orden internacional. Su lanzamiento, inmediatamente antes del Global Dialogue sobre gobernanza de la IA en Ginebra, convierte al documento en el primer borrador técnico de un futuro pacto global que aún no tiene forma jurídica, pero que ya está reconfigurando agendas nacionales, estrategias corporativas y expectativas ciudadanas.
El futuro de la IA no se decidirá solo en los laboratorios de modelos fundacionales, sino en foros como el Global Dialogue, donde se confrontarán visiones de mundo, intereses estratégicos y modelos de sociedad. El reto para el jurista legaltech senior es estar a la altura de ese momento: leer los informes técnicos con mirada geopolítica, traducir las decisiones multilaterales en marcos de cumplimiento vivos y, sobre todo, mantener la brújula fija en aquello que da sentido último a cualquier arquitectura de gobernanza: proteger a las personas y preservar un espacio público basado en derechos, hechos y responsabilidad compartida.
