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La regularización de inmigrantes en España: hacia un precendente internacional

España ha aprobado una regularización histórica para migrantes sin antecedentes con más de cinco meses de residencia, buscando frenar la precariedad laboral y proteger los derechos humanos frente al endurecimiento migratorio en el resto de Europa. Esta medida otorga un año de residencia y trabajo para combatir el aumento de la irregularidad y aportar seguridad jurídica a sectores clave como la agricultura.

El pasado 27 de enero fue un día “histórico” en palabras de la ministra Saiz, en referencia a la regularización excepcional de personas migrantes en España. Este real decreto permite a las personas en situación irregular que lleven desde el 31 de diciembre de 2025 viviendo más de 5 meses en España de forma continuada tener autorización legal de un año de residencia en el país, siempre y cuando no tengan antecedentes penales.
A pesar de que gobiernos de otros colores en el pasado hayan tomado medidas similares, esta regularización a gran escala llevaba dos décadas sin suceder en el país. Responde a un contexto social en el que, según datos del think-tank Funcas, el número de personas en situación irregular en el país aumentó un 680% entre 2017 y 2025. Al no tener papeles, estas personas no tienen acceso a servicios básicos, pero trabajan sin estar registrados en un registro legal. Esta situación de desamparo legal y social es a menudo instrumentalizada por mafias, que se aprovechan de la precariedad de los migrantes irregulares para sacar rédito económico.
Se trata, por tanto, no sólo de proteger al trabajador, sino también a las empresas en seguridad jurídica. Al estar en situación regular, la persona migrante puede incorporarse al trabajo en cualquier sector y parte de España desde ese mismo día. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes, el 42% de ellas están sobrecualificadas para el trabajo que empeñan en situaciones irregulares. En un país donde el turismo y la agricultura son de vital importancia económica, esta medida ofrece seguridad laboral para sus trabajadores, la mayoría de ellos inmigrantes.
Pero no debemos fijarnos sólo en el aspecto económico, sino en el enfoque de derechos humanos que la política migratoria requiere, y que desafortunadamente está siendo deliberadamente ignorado por muchas potencias occidentales. El caso más flagrante lo vemos en Estados Unidos, con los asesinatos impunes de ICE. También Alemania, conocida en la década de los 2010 por su “Refugees Welcome”, está cada vez más alejándose del precedente que en su momento asentó. Francia y Reino Unido se unen a la tendencia ultraderechista de la “Fortaleza Europa”, apuntando al inmigrante pobre como el causante de la inestabilidad política y económica a la que se enfrentan.

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Paula De Rivas Del Río

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