El episodio migratorio vivido en Ceuta a finales de julio de 2026 se ha interpretado, especialmente en los medios, como una crisis migratoria puntual. Sin embargo, la secuencia de acontecimientos políticos, judiciales y comunicativos que lo acompañaron, incluyendo el propio reconocimiento posterior del Estado, invita a leerlo también como un acto propio de la zona gris.
La zona gris es, según el Instituto Español de Estudios Estratégicos, “una forma de competición estratégica en la que el agresor no busca necesariamente desencadenar una guerra abierta, sino actuar sobre los umbrales que ordenan la respuesta del rival: dificultar la atribución, desplazar los puntos focales, fragmentar la percepción del riesgo o encarecer el coste político y estratégico de reaccionar”. Por tanto, puede generar tal presión que conlleva costes económicos tangibles. Este artículo recoge, con los datos disponibles hasta la fecha, hasta qué punto esos costes ya resultan medibles en Ceuta.
Los días 30 y 31 de julio de 2026, entre 75.000 y 85.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta, según el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Se trata de una estimación que difiere de la ofrecida por otras instituciones, como el Ministerio del Interior, lo que en sí mismo apunta a la dificultad de fijar una cifra oficial única para este tipo de episodios. Tras los retornos, se calcula que entre 5.000 y 10.000 personas permanecen en la ciudad.
La entrada masiva se produjo semanas después de que el Tribunal Supremo ratificara, entre finales de junio y comienzos de julio, que las personas interceptadas en el mar al intentar acceder a nado deben someterse a un procedimiento formal de devolución más largo que el anterior. Una interpretación de este cambio se difundió con rapidez en redes sociales y ha sido señalada por la Policía Nacional como uno de los factores que habrían desencadenado la avalancha. Por tanto, la resolución judicial modificó los incentivos de entrada, al menos en la percepción de quienes decidieron intentarlo.
A este cuadro se suma que el episodio se produjo apenas diez días después de que España se proclamara campeona del Mundial de fútbol de 2026, en un contexto de disputa con Marruecos por la sede de la final del Mundial de 2030, y pocos días después de la visita de Pedro Sánchez a Argelia para relanzar la relación bilateral. Esta concurrencia de acontecimientos no permite establecer una relación causal directa, pero sí resulta relevante dentro del historial de la relación con Marruecos, e invita a matizar la etiqueta única de “crisis migratoria” predominante y a considerar el episodio también como una acción híbrida.
Cuando un Estado se sitúa en la zona gris frente a otro Estado o frente a actores no estatales, ya sea con fines lucrativos, políticos o militares, las consecuencias económicas tienden a manifestarse, en mayor o menor medida, a corto o medio plazo. En el caso de Ceuta, las estadísticas oficiales completas no se han publicado todavía, pero los datos y estudios disponibles hasta el momento apuntan a que, en un mes, los efectos económicos ya resultan perceptibles.
Cifras
Estimaciones de la Cámara de Comercio
Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Ceuta, la crisis habría causado pérdidas económicas directas de 33.038.768€ en el último mes. Esa cifra equivaldría al 20,6 % del PIB medio mensual de la ciudad y al 1,72 % de su PIB anual, una magnitud relevante si se tiene en cuenta que corresponde a un único mes y a un solo episodio.
Periodo estacional
El episodio, además, se ha producido en un periodo estacional de alta actividad. Ceuta, como buena parte de la economía española, depende en gran medida del sector terciario (hostelería, servicios, turismo…), de modo que cabe esperar que sus consecuencias sean más graves que si el mismo episodio hubiera ocurrido otro mes menos turístico.
Muchos comercios han permanecido cerrados en el mes de agosto, un mes determinante para sus ingresos anuales. Asimismo, los vuelos y los hoteles registran una menor afluencia de visitantes con fines de ocio. Según datos de la propia Cámara de Comercio, el comercio redujo su facturación en torno a un 53%, y la hostelería y la restauración en torno a un 50,7%. A ello se suma la cancelación de las Fiestas Patronales, que la Cámara estima en unas pérdidas de 10.252.199€ por la actividad que dejó de generarse.
Seguridad económica
La seguridad aparece como la principal prioridad para el 80% de las empresas encuestadas por la Cámara, que consideran la recuperación de la normalidad una condición necesaria para que la actividad económica vuelva a funcionar con normalidad.
Por el momento, el refuerzo de la seguridad parece haberse concentrado en los grandes comercios y en los servicios públicos básicos, lo que sugiere una respuesta institucional ya en marcha, desconociendo su alcance.
Consecuencias en el medio y largo plazo
Los datos anteriores capturan el coste económico más inmediato y visible del episodio: ventas no realizadas y actividad cancelada. No obstante, una de las características distintivas de las acciones de zona gris es que sus efectos no se agotan en la pérdida directa, sino que se prolongan a través de un canal más difícil de observar. En este caso se trata del deterioro de la confianza, bien sea de inversores, turistas o empresas sobre el territorio afectado.
Conviene además precisar el alcance geográfico de este canal. El deterioro de confianza no queda circunscrito a Ceuta como unidad territorial, puesto que se ha proyectado también sobre la reputación de España como socio dentro de la Unión Europea, en la medida en que otros gobiernos han interpretado la crisis como un fallo en la gestión de una frontera exterior compartida. Por ejemplo, el Ministerio del Interior italiano reintrodujo, al amparo del artículo 25 del Código de Fronteras Schengen, controles selectivos durante un mes para ciudadanos de terceros países procedentes de España. Esta fragmentación tiene unas implicaciones económicas directas. La imposición de nuevos controles fronterizos internos genera demoras operativas en el transporte terrestre y aéreo entre el país y el resto de Europa, y Bruselas evalúa el impacto económico de una hipotética fragmentación del mercado único, que encarecería el intercambio transfronterizo de bienes y servicios.
Por otro lado, para aproximarse a este segundo efecto únicamente teniendo en consideración la ciudad, la metodología más rigurosa sería mediante un índice de incertidumbre desagregado mensualmente por regiones, que permitiera comparar su evolución con la de episodios anteriores. La literatura económica ofrece referencias metodológicas consolidadas en esta dirección. Por ejemplo, el Índice de Incertidumbre de Política Comercial mide la frecuencia con que la prensa económica internacional asocia términos de política comercial e incertidumbre, como proxy del riesgo percibido sobre la dirección futura del comercio. El Índice de Riesgo Geopolítico mide de forma análoga la frecuencia de artículos sobre eventos geopolíticos adversos.
Sin embargo, como no existe un indicador equivalente construido específicamente para Ceuta, estos índices funcionan aquí como referencia metodológica y no como fuente de datos directamente aplicable al caso. A falta de esa medición, el indicador disponible más cercano es de naturaleza distinta. La propia Cámara de Comercio de Ceuta ha realizado una valoración económica del daño causado a la imagen, la confianza y la capacidad de atracción de la ciudad, que cifra inicialmente en 170,1 millones de euros. Se trata de una estimación propia de una organización empresarial que no ha publicado la metodología en detalle, por tanto, conviene leerla como una indicación de orden de magnitud del posible alcance del deterioro reputacional.
Una segunda vía, todavía no disponible pero previsiblemente informativa, sería el seguimiento de la inversión extranjera directa recibida por la ciudad en los próximos trimestres. La IED tiende a reaccionar con cierto retraso frente a episodios de este tipo, precisamente porque refleja decisiones de inversores con horizontes temporales más largos que los del turismo o el consumo inmediato. Una caída sostenida en los trimestres posteriores a la crisis constituiría un indicio adicional de que el deterioro de confianza señalado por la Cámara tiene un correlato en el comportamiento real de los inversores.
Implicaciones
A partir de los datos disponibles hasta la fecha, cabe extraer tres lecturas, con distinto grado de solidez.
En primer lugar, las consecuencias económicas directas a corto plazo son visibles, están estimadas y es razonable esperar que sigan aumentando.
La segunda lectura es más difícil de sostener con la misma certeza, pero no por ello menos relevante. Si la estimación de la Cámara es aproximadamente correcta, el daño reputacional podría ser más persistente que el directo, en la medida en que compromete inversión, turismo y talento durante un horizonte temporal superior al de la propia crisis.
La tercera lectura tiene que ver con el propio reconocimiento institucional del episodio: la calificación del caso como asunto de Seguridad Nacional, y no como mero fenómeno migratorio, a través del Real Decreto 681/2026, apunta en la misma dirección que el marco de zona gris planteado al inicio de este artículo. Sugiere que el propio Estado percibe en este episodio un patrón que excede la gestión ordinaria de flujos migratorios.
Finalmente, quedan dos líneas abiertas que permitirán calibrar el alcance económico del episodio: la evolución de la inversión extranjera directa en la ciudad durante los próximos trimestres, y la eventual construcción de un indicador de incertidumbre económica desagregado por regiones que permita comparar, mes a mes, esta crisis con episodios anteriores, como el de 2021.
