El contexto no puede separarse de los hechos. 72.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en cuestión de días, en una crisis de tal magnitud que incluso la Audiencia Nacional ha reclamado información para determinar si existieron avisos previos sobre lo que iba a suceder. Durante estas semanas también se han publicado informaciones sobre la posible presencia entre los llegados de personas investigadas por yihadismo, aunque el Ministerio del Interior ha negado haber confirmado esos casos.
Ahora, en medio de esa misma crisis, entre 30 y 40 personas tienden una emboscada a militares españoles que se dirigían a un punto de vigilancia. Los rodean, atacan el vehículo hasta causar importantes daños y obligan a cuatro militares a abandonarlo y huir a pie. Los persiguen y continúan atacándolos durante la huida. Los cuatro terminan heridos. Esto ya no es una hipótesis: son los hechos que han comunicado las propias fuentes policiales.
La violencia, por sí sola, no convierte jurídicamente un ataque en terrorismo. El Código Penal exige además determinadas finalidades, entre ellas alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror. Pero precisamente por eso resulta difícil entender que la pregunta ni siquiera esté encima de la mesa: ¿qué pretendían quienes organizaron una emboscada contra militares españoles y por qué fueron ellos el objetivo?
Y hay otra posibilidad que merece atención: la acción-reacción. Una escalada de violencia puede terminar obligando a España a responder con mayor contundencia. Y esa respuesta podría después convertirse en imágenes y argumentos contra nuestro país en el exterior. Debemos exigir que se investigue la naturaleza y la finalidad de lo que está ocurriendo en Ceuta.
(Imagen creada con IA)
