La India ha decidido que la próxima página de la historia de la inteligencia artificial no se escriba en Washington, Pekín o Bruselas, sino en Nueva Delhi. Desde el 16 hasta el 20 de febrero, la ciudad acoge la India AI Impact Summit 2026, con jefes de Estado, grandes tecnológicas y organismos internacionales tratando de responder a una pregunta incómoda: quién pone las reglas del juego de la IA en un mundo fragmentado y, sobre todo, para beneficio de quién.
La elección del escenario no es casual. India es una potencia tecnológica emergente que quiere dejar de ser simplemente “el mayor mercado de datos del mundo” para convertirse en codiseñadora de las normas globales. La cumbre de Nueva Delhi es, en realidad, una puesta en escena de una guerra fría regulatoria en la que se enfrentan tres modelos: el europeo, el estadounidense y el asiático.
Lo que está en juego no es solo quién lidera la próxima ola de innovación, sino qué bloque impondrá su visión del mundo a través de la regulación de la IA. Y, sobre todo, si los derechos de las personas resistirán la tentación de convertir esa regulación en un arma más de influencia geopolítica.
Nueva Delhi es hoy un escaparate del modelo europeo. La Unión llega con el Reglamento de Inteligencia Artificial prácticamente cerrado, reforzando su papel como potencia normativa que aspira a exportar su enfoque de “IA segura y fiable”, basado en la gestión de riesgos y en la protección de derechos fundamentales. Francia, a través de la visita de Emmanuel Macron y la declaración conjunta con India, ha consolidado un discurso explícito: la IA debe ser abierta, inclusiva, ética, segura y estar al servicio de las personas, el interés público y el planeta. Es el lenguaje clásico de la tradición europea de derechos humanos, adaptado al siglo de los modelos generativos y de propósito general.
En contraste, Estados Unidos llega sin una ley federal integral, apoyándose en una combinación de guías de agencias, compromisos voluntarios de las grandes empresas y normas estatales muy dispares. Su principal activo es el peso económico y tecnológico de sus compañías; su principal debilidad, en términos de poder normativo, es la falta de un marco coherente que pueda proyectarse hacia fuera como “modelo” exportable. Eso convierte a Washington en una potencia tecnológica indiscutible, pero en un actor regulatorio menos predecible y, en cierto modo, a la defensiva frente al avance europeo.
El tercer polo lo forman India y, en la sombra, China y otros países asiáticos. India apuesta por vincular la IA a su ecosistema de identidad digital, pagos y servicios públicos, y por presentar su modelo como una vía para que el Sur Global no se limite a importar tecnología y normas ajenas. China, aunque no protagonice los titulares de esta cumbre, representa la visión de la IA como asunto de seguridad nacional y estabilidad interna, con fuerte control estatal sobre datos, infraestructuras y modelos. La tensión entre “soberanía digital” y “gobernanza global” recorre los pasillos del recinto tanto como los debates técnicos.
En Hiroshima, en 2023, el G7 inauguró su propio “juego de tronos” de la IA: un proceso liderado por las grandes economías del Norte Global para fijar principios y un código de conducta para los sistemas avanzados, el llamado Hiroshima AI Process. Aquel marco fue un primer intento de ordenar el despegue de la IA generativa desde la perspectiva de quienes ya concentraban la mayor parte del poder tecnológico y financiero.
El mensaje de Hiroshima era claro: las democracias industriales querían adelantarse a los riesgos sistémicos y marcar el tono de la conversación mundial sobre seguridad de la IA. El código de conducta, voluntario pero políticamente significativo, se dirigía sobre todo a las grandes empresas que desarrollan modelos de propósito general, exigiéndoles políticas de gobernanza, evaluación de riesgos, controles de seguridad y mecanismos de autenticación de contenidos sintéticos. El reparto de papeles, sin embargo, era muy desigual: el Norte Global ponía las reglas; el resto del mundo, en la práctica, las acataba o quedaba fuera.
Tres años después, el tablero ha cambiado. La India AI Impact Summit 2026, en Nueva Delhi, es la respuesta más visible del Sur Global a ese primer movimiento. Es la primera gran cumbre mundial de IA organizada en el Sur, concebida explícitamente como espacio de encuentro entre Norte y Sur para codiseñar el futuro de la inteligencia artificial, no solo para recibir normas prefabricadas desde Washington, Bruselas o Tokio. India se presenta no ya como invitada a la mesa, sino como anfitriona de un nuevo capítulo en la gobernanza de la IA.
Mientras Hiroshima fue una conversación entre iguales dentro del club del G7, Nueva Delhi pone sobre la mesa las asimetrías estructurales: quién aporta datos, quién soporta el peso ambiental y laboral de la economía de la IA, quién controla la infraestructura de cómputo y quién se queda en la periferia del diseño de reglas. La pregunta ya no es solo cómo hacer la IA “segura”, sino quién define qué riesgos importan y qué prioridades ocupan el centro de la agenda.
En este contexto, el compliance aparece como la capa operativa de una batalla mucho más profunda. El código de Hiroshima y la agenda de Nueva Delhi pueden verse como piezas complementarias de una futura arquitectura común: el primero aporta un esqueleto técnico y de buenas prácticas para modelos avanzados; la segunda introduce, con fuerza, la exigencia de participación real del Sur Global en la definición de estándares, en el acceso a capacidades y en la distribución de beneficios.
El movimiento verdaderamente estratégico sería que el código del G7 y el “momento India” confluyeran, en los próximos años, en un convenio internacional donde las garantías que preocupan al Norte (seguridad, estabilidad democrática, control de riesgos extremos) se combinen con las prioridades del Sur (desarrollo equitativo, soberanía de datos, participación en la cadena de valor). Solo entonces la IA dejará de ser una lucha silenciosa por el control y se parecerá más a una arquitectura compartida de responsabilidad, donde el lugar de nacimiento de una persona no determine la calidad de su protección frente a los sistemas que tomarán decisiones sobre su vida.
En el trasfondo de esta disputa está la cuestión ética esencial: la IA no puede convertirse en una coartada para diluir responsabilidades. La tentación de atribuir a “la tecnología” decisiones que afectan a la vida de millones de personas: en fronteras, sistemas de crédito, acceso a servicios públicos, empleo, es demasiado grande como para no afrontarla de frente. Un convenio internacional debería consagrar la idea de que ningún modelo, por complejo que sea, está por encima del Estado de derecho ni fuera del alcance de los tribunales.
India, al poner el foco en el “bienestar para todos” y en la reducción de la brecha digital, está lanzando un mensaje que Europa y Estados Unidos deberían escuchar: una gobernanza de la IA que solo responda a los miedos del Norte Global —pérdida de empleos cualificados, erosión de la privacidad, amenazas a procesos electorales— será inevitablemente incompleta. El acuerdo que necesitamos tiene que integrar también las preocupaciones de quienes temen quedarse fuera de la revolución tecnológica o ser meros suministradores de datos baratos.
Mientras se elaboran borradores, se intercambian comunicados y se prepara la declaración final prevista para el 20 de febrero, una realidad se impone ya a día 18: la geopolítica de la IA ha entrado en una nueva fase. La competencia por el poder normativo es evidente, pero también lo es la conciencia, al menos en el discurso, de que sin mínimos compartidos de responsabilidad y de protección de las personas, la promesa de la IA se convertirá en una fuente más de fractura global. La cumbre de Nueva Delhi no resolverá este dilema en cuatro días, pero si abre de verdad el debate sobre un acuerdo internacional que coloque a las personas en el centro, habrá movido el eje de este juego de poder en la buena dirección.
