La geopolítica de la inteligencia artificial ha cambiado de coordenadas. Durante años, las grandes decisiones se tomaban en salas de Bruselas, Washington o Tokio. La semana pasada, sin embargo, los focos se desplazaron a Nueva Delhi. La capital india acogió la India AI Impact Summit 2026, que culminó con la adopción de la Declaración de Nueva Delhi sobre el Impacto de la IA, respaldada por 89 países y organizaciones internacionales, entre ellos Estados Unidos, China y la Unión Europea. No es solo una foto de familia: es el primer intento serio de articular, desde el Sur Global, una agenda propia sobre cómo debería gobernarse la IA.
El texto parte de un principio que la diplomacia india ha convertido en mantra: “bienestar para todos, felicidad para todos”, anclado en la idea de que los beneficios de la IA deben compartirse de manera equitativa. A partir de ahí, la Declaración organiza la cooperación futura en torno a siete “chakras”, o pilares, que van desde el desarrollo de capital humano y el acceso para el empoderamiento social hasta la confianza en los sistemas, la eficiencia energética, el uso de la IA en ciencia, la democratización de recursos y la contribución al crecimiento económico y al bien común. El mensaje es claro: la IA no es solo una cuestión de seguridad o de competitividad, sino de modelo de desarrollo.
Sobre esa arquitectura se construye un ecosistema de instrumentos que van más allá de la retórica: una Carta para la difusión democrática de la IA, un espacio de recursos compartidos (“Trusted AI Commons”), principios voluntarios sobre resiliencia y eficiencia, una red internacional de IA para la ciencia y, como pieza estrella, los New Delhi Frontier AI Impact Commitments, asumidos por un grupo de empresas líderes en IA frontera, tanto indias como globales. Estos compromisos se centran en dos ejes muy concretos: aprovechar datos agregados y anonimizados para entender mejor el impacto de la IA en el empleo y las capacidades, y mejorar la evaluación multilingüe y contextual de los sistemas, con un énfasis explícito en las realidades del Sur Global.
Desde la perspectiva de un jurista, sin embargo, la pregunta no es solo qué proclama la Declaración, sino qué obliga. Y aquí aparece la primera sombra. El propio texto reconoce que se trata de una declaración “voluntaria y no vinculante”, basada en principios de cooperación y respeto a la soberanía nacional. Lo mismo ocurre con la Carta, el Trusted AI Commons y los Frontier Commitments: son marcos de referencia, no tratados internacionales. No establecen obligaciones jurídicas exigibles ni mecanismos de supervisión con capacidad sancionadora. En términos de Derecho internacional, estamos ante soft law, no ante un convenio.
Ese carácter no vinculante ha dado munición a las críticas. Diversas organizaciones han señalado que, pese a invocar la inclusión y el desarrollo, la Declaración omite referencias explícitas al “Sur Global”, no fija compromisos concretos de transferencia tecnológica, no aborda la concentración de poder de las grandes plataformas y apenas menciona la protección frente a la desinformación y la manipulación informativa. El riesgo es evidente: mientras se proclama la “democratización” de la IA, la realidad material —semiconductores avanzados, infraestructura de cómputo, modelos frontera— sigue en manos de unos pocos, y las promesas de acceso quedan condicionadas por acuerdos bilaterales opacos.
Para comprender la dimensión geopolítica de Nueva Delhi hay que mirarla a través del espejo de Hiroshima. En 2023, el G7 aprobó el Hiroshima AI Process, con un Marco de Política Integral y un Código de Conducta Internacional dirigido a las organizaciones que desarrollan sistemas avanzados de IA. Aquel proceso definió principios rectores y criterios de conducta sobre análisis de riesgos, transparencia, trazabilidad, robustez, supervisión humana y protección de derechos, y la OCDE puso en marcha mecanismos de seguimiento basados en informes voluntarios. Era, en esencia, el Norte Global marcando las reglas de seguridad para una tecnología que ya dominaba.
La Declaración de Nueva Delhi no discute esa gramática de la seguridad, pero desplaza el eje. Donde Hiroshima prioriza la contención de riesgos en entornos democráticos avanzados, Nueva Delhi sitúa en el centro la cuestión del acceso: quién tiene capacidad real para entrenar modelos, para desplegar infraestructura de cómputo, para formar capital humano, para beneficiarse de la productividad que promete la IA. Es la diferencia entre regular la velocidad de un tren que ya va en marcha y discutir quién puede subirse a él.
Ese desplazamiento no es menor. En términos geopolíticos, Hiroshima es la expresión de un club —el G7— que quiere preservar su ventaja tecnológica y la estabilidad de sus sistemas políticos. Nueva Delhi es la imagen de un foro mucho más amplio —más de 90 países y organizaciones— que reclama que la conversación sobre IA incluya la brecha digital, la justicia climática, la soberanía de datos y la posición de las economías emergentes en la cadena de valor. Si Hiroshima fue la cumbre del Norte, la India AI Impact Summit aspira a ser la del Sur que ya no se conforma con escuchar.
Ahora bien, tanto Hiroshima como Nueva Delhi comparten una limitación de fondo: ninguno de los dos procesos crea obligaciones jurídicas. Son cartas de navegación, no tratados. Mientras tanto, el único instrumento que sí ha cruzado esa línea es el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho (CETS 225), adoptado en 2024 y abierto a la firma de Estados de dentro y fuera del Consejo. Ese convenio exige a los Estados parte adaptar sus normas internas para garantizar que el diseño, desarrollo y uso de la IA respetan la dignidad humana, la no discriminación, la privacidad, la transparencia y la rendición de cuentas, desde el laboratorio hasta el despliegue.
La existencia de este convenio pone en evidencia el contraste: mientras Europa avanza hacia un entramado vinculante —AI Act más convenio marco—, los grandes foros globales siguen moviéndose en el terreno cómodo del compromiso político sin consecuencias jurídicas. Para un jurista especializado en LegalTech, la pregunta ya no es si necesitamos principios, sino si podemos seguir aceptando que, ante decisiones automatizadas que afectan a vidas, derechos y soberanías, sigamos fiándolo todo a instrumentos de buena voluntad.
Desde una ética humanista, el desafío va más allá del diseño institucional. La Declaración de Nueva Delhi acierta al insistir en que la IA debe servir a “las personas, el planeta y el progreso”. Pero mientras esas palabras no se traduzcan en derechos exigibles y en deberes claros, la persona real —el ciudadano sometido a un algoritmo de crédito, el trabajador filtrado por un sistema de selección, el migrante analizado por herramientas de riesgo— seguirá sin saber quién responde cuando la IA falla. Y una tecnología que nadie controla de verdad se convierte, por definición, en una herramienta de poder de los fuertes sobre los vulnerables.
El siguiente paso lógico no es otra declaración, sino un instrumento con fuerza obligatoria y vocación verdaderamente universal. Llámese convenio, convención o tratado: lo decisivo es que fije obligaciones mínimas claras para cualquier Estado que permita operar sistemas de IA de impacto transfronterizo; que establezca mecanismos de supervisión independientes; que garantice trazabilidad suficiente para atribuir responsabilidades a personas físicas o jurídicas; y que incorpore, de forma explícita, tanto las garantías de seguridad que preocupan al Norte como las exigencias de justicia y acceso que reivindica el Sur.
Nueva Delhi ha demostrado que el Sur Global está dispuesto a hablar el lenguaje de la gobernanza, no solo el de la demanda. Hiroshima mostró que el Norte es consciente de que la IA puede desbordar sus propios marcos democráticos si no se encauza. Entre ambas orillas existe la posibilidad —todavía teórica— de una arquitectura común. Pero esa arquitectura no puede construirse solo con declaraciones bienintencionadas. Necesita normas, responsabilidades y consecuencias.
En última instancia, la cuestión no es tecnológica, sino política y moral. La IA no es un meteorito que cae sobre la humanidad: es un conjunto de decisiones humanas encarnadas en código, infraestructuras y modelos de negocio. Si la comunidad internacional es capaz de generar tratados para limitar armas químicas, proteger el clima o salvaguardar los derechos del niño, no hay justificación para que la IA quede relegada al terreno del soft law indefinido. Persistir en esa ambigüedad solo favorecerá a quienes tienen capacidad para moverse cómodamente entre jurisdicciones y declaraciones.
La Declaración de Nueva Delhi no resuelve este dilema, pero sí cambia el tablero: convierte al Sur en coprotagonista y obliga al Norte a aceptar que la gobernanza de la IA ya no se diseña en foros cerrados. La cuestión es si sabremos aprovechar este momento para pasar de las palabras a un convenio que, por primera vez, ponga a la persona ,no al modelo ni al Estado, en el centro de la gobernanza global de la inteligencia artificial.
