Desde el 15 de abril de 2023, Sudán atraviesa uno de los conflictos armados más graves del panorama internacional actual. El estallido del enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas nacionales y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha derivado en una crisis institucional y humanitaria a gran escala, caracterizada por el uso indiscriminado de la violencia contra civiles, desplazamientos masivos y vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos.
Este conflicto nace de la inestabilidad política que sufre el país desde hace décadas. Tras el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019, Sudán inició un proceso de transición hacia un gobierno civil que nunca llegó a consolidarse. Asimismo, las discrepancias sobre la estructura del poder militar, que generaron una brecha entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FFAA) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), junto con la disputa por el control de recursos económicos estratégicos, especialmente el oro, crearon el escenario que desencadenó el conflicto sudanés.
Aunque este enfrentamiento tiene raíces internas, algunos actores internacionales han contribuido indirectamente a su prolongación. Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de mantener vínculos con las FAR, mientras que Egipto se ha mostrado más favorable a las FFAA debido a su interés en la estabilidad regional y en los recursos hídricos vinculados al río Nilo. Otro de los Estados que ha mostrado interés en aumentar su influencia mediante acuerdos militares y económicos ha sido Rusia, que incluso ha expresado su intención de establecer bases navales en el Mar Rojo. Por su parte, algunos países occidentales han intentado promover negociaciones diplomáticas, aunque sus esfuerzos se han visto limitados por los intereses geopolíticos de otros actores dentro del sistema internacional.
Diversas organizaciones internacionales han alzado la voz para denunciar las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Numerosos informes reflejan ataques continuados contra infraestructuras civiles, como hospitales, centros educativos o puntos de abastecimiento de agua, por parte de ambos bandos, una práctica prohibida según la IV Convención de Ginebra de 1949. Estas acciones han provocado el desplazamiento masivo de más de dos millones de personas en busca de seguridad, una limitación generalizada del acceso a recursos básicos y una grave crisis sanitaria y alimentaria que afecta a más de 26,5 millones de personas.
Además, se ha señalado que las FAR han llevado a cabo ataques indiscriminados en zonas residenciales, ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento de menores para incorporarlos a sus filas. Otro de los aspectos más alarmantes denunciados por las organizaciones internacionales es el uso sistemático de la violencia sexual y étnica como arma de guerra. Estas prácticas no han contado con una respuesta internacional suficientemente efectiva para proteger a las víctimas ni para garantizar su acceso a atención sanitaria y justicia.
“Las mujeres no dirigen esta guerra ni participan en ella, pero son ellas quienes más sufren. Quiero que el mundo entero conozca el sufrimiento de las mujeres y niñas sudanesas y se asegure de que todos los hombres que nos violaron sean castigados”.
— Mujer superviviente de violencia sexual en Omdurman, Sudán.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación ante la propagación de estas violaciones del derecho internacional humanitario en el territorio sudanés y ha impulsado diversas medidas para mitigar la crisis, basadas en la asistencia humanitaria y la protección de civiles mediante agencias como UNICEF o ACNUR. Sin embargo, pese a los reiterados llamamientos a la comunidad internacional para frenar el conflicto, la ONU se enfrenta a importantes limitaciones de recursos técnicos y financieros, así como a la inseguridad sobre el terreno, lo que dificulta el acceso a las zonas afectadas y la implementación efectiva de mecanismos de negociación que permitan avanzar hacia el fin del conflicto.
